Emilia Uscamayta Curi murió ahogada al caer a la pileta de una fiesta sin habilitación municipal, durante la madrugada del 1 de enero último en la quinta San Cayetano de Melchor Romero, partido de La Plata. La causa tiene cuatro imputados, pero no avanza. Ni siquiera pudo reconstruirse el momento de la muerte de la joven. Semanas atrás, la querella solicitó sin éxito el cambio de carátula de “homicidio culposo” a “homicidio simple con dolo eventual”. Tampoco tuvo respuestas al pedido de prisión preventiva para tres de los acusados.
“Estamos muy preocupados porque no hay avances concretos y es mucha la prueba que se ha perdido. El responsable de esta situación es el fiscal Álvaro Garganta”, señaló sin vueltas a AgePeBA el abogado Adrián Rodríguez, que representa a los familiares de la estudiante de periodismo.
El letrado no sólo marcó el sospechoso “cambio de opinión” de Garganta, quien en un principio les dijo a los padres de Emilia que coincidía con la calificación de “homicidio simple” y luego “no hizo nada”; sino también varias irregularidades que se desprenden del expediente.
“Nos llama poderosamente la atención que Santiago Nicolás Piedrabuena tenga una condena de cuatro años de prisión, confirmada por la Sala I de Casación Penal, y en el expediente figure como una persona sin antecedentes”, subrayó Rodríguez y agregó que también “es alarmante que no se esté investigando a los funcionarios que debieron haber impedido la fiesta”.
Piedrabuena fue uno de los organizadores del evento y se lo vincula con Juan Manuel Martínez Garmendia, subsecretario de Gobierno del intendente Julio Garro.
El juez de Garantías platense César Melazo, que había participado de la fiesta junto a unos amigos, lo señaló como el funcionario que “autorizó truchamente” que siguiera “la joda”, pero no fue el único.
El delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Daniel Zamudio, declaró lo siguiente: “A las dos de la mañana arrancó la fiesta, ingresaba mucha gente y como vi que no caía al lugar ni control urbano, ni la policía, decido escribir a Calil Ampo, compañero de trabajo que me facilitó el teléfono de un tal Walter de Control Urbano. Lo llamé a las 2:42 am. Cuando me atiende le comento la situación y me dijo que no podían hacer nada porque estaban atados de pies y de manos porque la fiesta estaba arreglada por Garmendia”.
Zamudio habló, además, de un presunto soborno de “20.000 pesos”, cifra de la que se enteró por comentarios del “personal de Control Urbano que pasaba por la 520 y la 160”, a metros de la quinta San Cayetano.
Otro de los organizadores con fuertes vínculos macristas es Raúl Ismael “El Peque” García, empresario de viajes que milita en el PRO. El resto de los imputados son Carlos Federico Bellone, dueño de la quinta, y Gastón Haramboure, quien el 1 de enero atendía una de las barras de bebidas en Melchor Romero cuando debía estar cumpliendo prisión domiciliaria. Haramboure quedó detenido pero no por la muerte de Emilia, sino en el marco de la condena que recibió por el asesinato de un joven en agosto de 2009, a la salida de un boliche en Berisso.
“Si esto queda impune, Garganta no puede seguir como fiscal”, sentenció Rodríguez y le pidió que aclare si en la instrucción de la causa pesa su “parentesco con el intendente Garro –son primos segundos- o algún tipo de presión política”.
“No podemos dejar de hacer un paralelismo con las muertes de Costa Salguero –continuó-. Para el fiscal federal (Federico Delgado) es mucho más difícil trabajar porque la Time Warp era una fiesta lícita en un lugar preparado, pero de todos modos avanzó muchísimo en poco tiempo. En cambio, sobre la fiesta en Melchor Romero, donde todo era mucho más palmario, mucho más grosero, con mayor cantidad de pruebas a la vista por la propia irresponsabilidad de los organizadores, no se avanzó en nada”.
La Bonaerense
Atentos a que en la causa tampoco se profundiza sobre la responsabilidad de la Policía de la provincia de Buenos Aires, desde el bloque de senadores del Frente para la Victoria (FpV) presentaron un pedido de informes al gobierno de María Eugenia Vidal para que brinde detalles de su actuación durante la fiesta en la que murió Emilia.
El proyecto se dio a conocer esta semana junto a la familia Uscamayta Curi, organismos de Derechos Humanos y la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP, que vienen exigiendo justicia desde un primer momento.
“El bloque del FpV en el Concejo Deliberante ya presentó un pedido de informe para que se indague sobre la responsabilidad directa del Municipalidad en torno a los controles, y lo que ahora hacemos desde el Senado es indagar al Poder Ejecutivo provincial, específicamente sobre rol de la Policía bonaerense”, explicó a esta agencia Mónica Macha, autora de la iniciativa.
Para el abogado de la familia, la fuerza de Vidal “tiene toda la responsabilidad porque no era la primera vez que se hacía una fiesta en la quinta de 520, entre 159 y 160”.
“Los organizadores buscaron una zona liberada donde nadie los iba a molestar y eso se los garantizó la policía”, sostuvo.
Testigos
Entre las “falencias”, Rodríguez también destacó la poca cantidad de testigos que tiene la causa, “no más de seis”, pese a que se contabilizaron alrededor de 6.000 personas en la fiesta de fin de año.
“Una de las cosas que prevé el Código para este tipo de hechos es que el fiscal o la policía, cuando llegan al lugar y hay mucha gente, tienen la facultad de identificar a los concurrentes y evitar que se vayan del lugar. Pero de la fiesta de Melchor Romero se fueron todos y con ellos se fue la prueba. Garganta debió haber dado las instrucciones para garantizar la prueba, pero no lo hizo. Por eso todavía no podemos reconstruir la muerte de Emilia”, explicó.
Según Rodríguez, será fundamental que más testigos den su testimonio. La Asamblea Justicia por Emilia cuanta con un correo electrónico (justiciaporemilia@gmail.com) para que se contacten todos aquellos que puedan aportar datos sobre esa madrugada trágica. “Los vamos a asesorar y acompañar para que presten declaración con reserva de identidad”, garantizó el letrado.
*Por Fernando M. López, Agepeba
