"Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi Gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment. Solo quien tiene la legitimidad del voto, puede juzgar", ha afirmado este sábado Rousseff durante un acto en Palmas, capital de Tocantins (norte).
Rousseff ha vuelto a tildar el proceso de destitución de un "golpe" de Estado que "no tiene base legal", ya que ella "ni siquiera" participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición.
Asimismo, ha acusado a la oposición de tratar de llegar al poder para "acabar" o reducir los programas sociales que ha impulsado su gobierno.
En este sentido, ha asegurado que un eventual Gobierno del actual vicepresidente, Michel Temer, que sustituiría a Rousseff en caso de ser destituida, quitará a 36 millones de personas el Bolsa Familia, principal programa de subsidios a los pobres, de los 46 millones que actualmente lo reciben.
"El gasto del Bolsa Familia es menor al 1 % del Producto Interior Bruto (PIB). Quieren hacer ahorro con el dinero de los más pobres", ha denunciado Rousseff.
La jefa de Estado brasileño, acusada de realizar maniobras contables irregulares para "maquillar" los resultados fiscales durante 2014 y 2015, corre el riesgo de ser depuesta de su cargo después de que la Cámara Baja autorizara el pasado 17 de abril el inicio de un proceso político orquestado por algunos diputados: el 50 por ciento de ellos están imputados por la justicia.
La demanda pasó a una comisión especial del Senado brasileño que votó el viernes a favor del informe del relator Antonio Anastasia sobre el inicio del impeachment.
Los 81 senadores que constituyen el pleno de la Cámara Alta discutirán el próximo 11 de mayo su apoyo a la apertura del proceso de destitución. De obtenerse una mayoría simple, se decidirá iniciar un juicio político que en principio separaría a Rousseff del poder por 180 días, periodo que podría durar el proceso.
