El conflicto entre el actual gobierno y la empresa multinacional de agroquímicos gira en torno a la cláusula Monsanto, vigente ya desde 2015. A partir de esta cláusula, Monsanto lleva a cabo controles sobre los granos de soja de la última campaña que llegan a los puertos, con el fin de detectar en ellos el uso de la semilla transgénica Intacta, resistente a insectos y al glifosato. En caso de que se compruebe el uso de esta semilla y que el productor no tenga comprobante de pago de la misma, la empresa cobra regalías de hasta quince dólares por tonelada, obteniendo ganancias millonarias no solo a través de la venta de semilla transgénica sino también sobre la producción final.
La medida fue repudiada por varias entidades y federaciones que representan a productores agrícolas, entre ellas la Federación Agraria Argentina. Ya el año pasado, Omar Príncipe, presidente de la FAA, había manifestado que Monsanto pretendía adueñarse del uso de la semilla, la cual también es responsabilidad del productor considerando su laboriosa tarea.
A través de una resolución publicada en el boletín oficial el 14 de abril de 2016, el Ministerio de Agroindustria aseguraba la necesidad de previa autorización frente a “todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos”. Ante el nuevo panorama, en un principio Monsanto ratificó su sistema de cobro de regalías siendo este arbitrario e ilegítimo, y a comienzos de mayo emitió un estratégico comunicado en el que se mostraba decepcionado por el accionar del gobierno, teniendo en cuenta que se encuentra en el proceso de atracción de inversiones extranjeras. Y por si esto fuera poco, frenó la salida al mercado de su última soja tecnológica y amenazó con retirarse del país.
El Ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile no dio marcha atrás con la resolución que frenaba el sistema de controles de Monsanto en los puertos, y se le “plantó” fuerte a la multinacional, aunque la resistencia no duró mucho.Si bien todavía no está confirmado, se espera que en los próximos días se confirme finalmente un acuerdo entre ambas partes. Este implicaría que la fiscalización de los granos pase a manos del Instituto Nacional de Semillas, a cambio de que se cancele la polémica cláusula.
El sistema de control y cobro impulsivo que impuso Monsanto no solo tuvo el afán de cobrar un canon por sobre las producciones agrícolas, sino que a su vez representa una presión hacia el Estado para la modificación de la Ley de Semillas, en donde se reconozca la propiedad intelectual de la multinacional estadounidense, para asegurarse el dominio de la comercialización de semillas. Mientras que Buryaile anunció que pronto enviará un anteproyecto de la nueva Ley de Semillas, a fines de mayo el massismo se adelantó presentando su propio proyecto a Diputados. Este se encuentra en comisión y se adaptaría a los intereses de Monsanto.
*Por Federico Caggiano, ANRed
