El tribunal, integrado por los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte (de Formosa), Luis González (de Corrientes) y Mario Alurralde (de Reconquista) juzgará a once imputados, entre miembros del Ejército y de la Policía chaqueña, por crímenes que tuvieron como víctimas a integrantes de las Ligas Agrarias y de la Juventud Peronista.
La primera audiencia del debate oral y público será el 16 de este mes y la segunda el 23, confirmaron hoy fuentes de la fiscalía sobre la reprogramación dispuesta tras la designación como cuarto juez de la magistrada María Denogens, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.
Entre los acusados por los delitos de tormentos, privación ilegitima de la libertad y violación figuran el teniente coronel (RE) José Tadeo Luis Bettoli y el teniente primero (RE) Luis Alberto Patetta, que ya fueron condenados a penas de prisión en la “Causa Caballero I” y las cumplen en el penal bonaerense de Marcos Paz, desde donde seguirán el nuevo juicio por videoconferencia.
También están imputados los oficiales retirados de la Policía provincial Ramón Esteban Meza y Francisco Rodríguez Valiente, el suboficial Gabino Manader y los agentes Enzo Breard, Héctor Rubén Roldán, José Marín, Albino Luis Borda, Ángel Jorge Ibarra y Miguel Pelozo.
Todos ellos están acusados por delitos de lesa humanidad cometidos contra el matrimonio compuesto por Sara Fulvia Ayala y Pedro Morel, militantes de las Ligas Agrarias de Goya en Corrientes y vinculados al Partido Revolucionario de los Trabajadores. Ambos están desaparecidos y fueron vistos por última vez en la ex Brigada de Investigaciones a mediados de 1977, en estado de salud precario como consecuencia de los tormentos sufridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la sede de ese organismo policial en pleno centro de la ciudad de Resistencia.
Serán juzgados asimismo por la privación ilegal de la libertad y tormentos causados a tres militantes de la Juventud Peronista y otros tres de la Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Arquitectura secuestrados en noviembre 1976.
Esta será la primera oportunidad en que se juzgue en la provincia una violación contra uno de los detenidos, incorporándose así la violencia sexual en contexto de terrorismo de Estado como delito de lesa humanidad (es decir, imprescriptible).
