La intervención del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos continúa generando ruido y no logra conseguir la paz que fue a buscar. Luego que la diputada nacional macrista e interventora del gremio Gladys González, denunciara que el dirigente gremial Nicolás Fuentes la amenazó cuando intentó quedarse con la seccional Corrientes, ahora es ella la que enfrenta una querella en tribunales.
En un juzgado de Corrientes –tierra del desplazado y procesado líder del SOMU, Omar “Caballo” Suárez-, se presentó una denuncia acusándola por incompatibilidad de funciones y manejo irregular de los fondos de la obra social.
La señalan de cobrar dos sueldos, uno del Congreso como diputada y otro del SOMU de 59 mil pesos. Además, la denuncia la atacó por destinar 90 mil pesos mensuales de la organización a sus asesores de comunicación, entre otros gastos que revelara InfoGremiales hace semanas.
Gonzalez, al ser consultada por la Revista Puerto sobre la supuesta incompatibilidad de funciones remarcó: “No hay incompatibilidad entre una tarea y otra porque no se colisionan dos poderes del estado”, y agregó que “no me van sacar del camino los que estafaron a los marineros durante más de 20 años. Ni lo sueñen”.
Sin embargo después aclaró que podría tener que optar porque los cargos quizás no sean compatibles: “No tengo ninguna duda que en caso de que se me ordenase tener que optar por seguir con la intervención o ser diputada; elegiré seguir al frente de la intervención y renunciaré a la banca del Congreso. Vamos a hacer un sindicato modelo y a terminar con la mafia que estafó por muchos años a sus propios afiliados”.
Además la interventora se comparó con los secretarios Generales para justificar su doble rol: “He tenido muchos compañeros gremialistas diputados en el Congreso de la Nación y siempre siguieron desempeñándose como secretarios generales de sus sindicatos”, sostuvo. Claro, la diferencia es que Gladys no es gremialista electa por los efiliados, sino una interventora nombrada por la justicia.
Sobre su salario de 59 mil pesos en el SOMU, que generó mucho revuelvo al revelarse, expresó que “no cobra en concepto de sueldo ni de aguinaldo ni vacaciones”, sino que se trata de gastos de representación.
Mientras tanto los marineros siguen con los perjuicios. Más allá de que el gremio no logra paz, las paritarias están estancadas porque tradicionalmente la actividad negocia salarios en tándem con todos los gremios que se niegan a cerrar las actas-acuerdos con un sindicato intervenido y sin haber convocado, si quiera, a elecciones para normalizarlo.
