Los integrantes de la Sala II de la Casación Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David, declararon inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la defensa del acusado e hicieron lugar al planteo de la defensa en relación a la reapertura de la causa.
El planteo realizado por la defensa de Reynal pretendía que volviera a dictarse la prescripción de la acción penal y su sobreseimiento, algo que había dispuesto la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, pero que luego fue anulado por Casación.
En la anulación del fallo dispuesto por la Cámara Federal, los jueces de Casación consideraron que los hechos que estaban bajo investigación, entre ellos el secuestro y la tortura del banquero, podrían ser considerados delitos de lesa humanidad por lo que la causa se tornaría imprescriptible.
Saiegh fue secuestrado en el año 1980, de acuerdo a su denuncia, por funcionarios de la División Bancos de la Policía Federal Argentina (dependiente del BCRA) quienes además lo habrían torturado para que confesara delitos inexistentes.
El objetivo de obligarlo a declarar delitos que no habían sido cometidos era lograr la liquidación del Banco Latinoamericano y apropiarse de las acciones de la aerolínea “Austral”, en el marco del proceso de estatización llevado a cabo en ese año.
“Las acciones controlantes estaban caucionadas en el tesoro de mi banco y como Austral tenía una deuda con el Estado de más de 250 millones de dólares, José Alfredo Martínez de Hoz y Alejandro Reynal me mandaron a secuestrar porque las necesitaban para estatizar la compañía aérea con las deudas incluidas, evitar el pago de la obligaciones que habían contraído con el Estado y con mi banco", explicó meses atrás Saiegh.
"Fue un manifiesto acto de terrorismo de Estado enmarcado en un plan sistemático de desapoderamiento de bienes a integrantes de la comunidad judía en Argentina, por lo que constituyen crímenes de lesa humanidad y por ende imprescriptibles”, había sostenido el denunciante según recordó el Centro de Información Judicial (CIJ), que difundió el fallo.
La querella está integrada, también, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y entre los imputados originalmente se encontraba, entre otros, el fallecido ex ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz.
