Ayer por la tarde, la titular de Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, expuso en el Senado de la Nación para disertar en la Comisión Banca de la Mujer sobre el proyecto de ley de declaración de emergencia pública en materia social por violencia de género.
La fiscal consideró que “la declaración de emergencia ayuda a visibilizar el problema [de la violencia de género]” y a ponerlo en la agenda pública como un asunto de Estado. “Además, envía un mensaje a las agencias públicas para que el asunto tenga otra relevancia. Cada una de las instancias públicas, ejecutivas, legislativas y judiciales deberían hacerse cargo de que tienen que tomar políticas concretas para comenzar a tratar este problema tan grave”, agregó.
Por último, enfatizó la importancia de que se asignen los recursos presupuestarios necesarios para la efectiva implementación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres.
Labozzeta se refirió además a la gravedad de la violencia de género que afecta a miles de mujeres en todo el país. Recordó que, según datos producidos por la ONG Casa del Encuentro, en 2015 se registraron 285 femicidios en todo el país, es decir, que murió una mujer cada 30 horas. También, señaló que según datos de la Oficina de Violencia Doméstica, entre 2010 y 2015, la cantidad de denuncias aumentaron más de un 60%. A nivel nacional, la fiscal mencionó que el dato más amplio es a partir la línea 144, del Consejo Nacional de las Mujeres. “En 2015 se recibieron un promedio de 9700 denuncias por mes que se transformaron en casi 40 mil casos de violencia de género”, aseguró.
La representante del MPF destacó también el diagnóstico realizado desde UFEM sobre los desafíos que presentan los casos de violencia de género para el sistema de administración de justicia. En esta línea, identificó como un problema la falta de perspectiva de género en operadores de justicia y de las fuerzas de seguridad, que muchas veces se traduce en una errónea valoración de las pruebas y calificación de los hechos.
Asimismo, expresó su preocupación por la baja efectividad que se detecta en las medidas de protección dispuesta por la justicia, debido a la ausencia de un sistema articulado de registro en las distintas jurisdicciones y a la escasez de recursos para la contención social de las víctimas. También, se refirió a las dificultades que tienen las víctimas para acceder a la justicia, tanto por la centralización de las oficinas especializadas para la toma de denuncias como por la falta de servicios de patrocinio jurídico gratuito.
