Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores de Belice, Wilfred Elrington, durante la última jornada de la 37 cumbre semestral de jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (Caricom) que se celebra en Guyana.
“Confiamos en que ciertamente en los próximos seis meses vamos a ser capaces de iniciar el proceso de educación” a la ciudadanía sobre el conflicto y el proceso de referéndum, apuntó.
Guatemala reclama desde hace décadas cerca de la mitad del territorio de Belice, un país nacido de la colonia que el Imperio Británico formó de facto en el siglo XVIII en esa área y que era parte de la Capitanía General instaurada por el Imperio Español en 1540 dentro del Virreinato de Nueva España.
La tensión entre ambos creció tras el fallecimiento en la zona fronteriza de un menor de 13 años el pasado 19 de abril por fuego beliceño. Guatemala respondió desplazando tropas a la zona.
Belice, que dijo haber actuado en defensa propia ante un ataque previo de la parte guatemalteca, pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que iniciara una investigación independiente de lo ocurrido.
Elrington insistió en que fue un incidente fortuito y acusó a “los guatemaltecos” de querer magnificar lo ocurrido para desplazar tropas a la frontera, en torno al río Sarstún.
“Pero desde entonces hemos tenido amplias conversaciones y hemos planteado la cuestión ante la Commonwealth, Caricom, los países de la ACP (África, el Caribe y el Pacífico) y la AEC (Asociación de Estados del Caribe)”, entre otros foros, dijo.
“Hemos trabajado muy duro, y con el secretario general de la OEA y con la asistencia del Departamento de Estado de EE.UU., y ellos (Guatemala) han accedido a entrar en un mecanismo escrito con nosotros para regular nuestra relación en torno al río” fronterizo, añadió.
El ministro de Asuntos Exteriores aseguró que él sigue siendo “muy optimista” con respecto a que la disputa fronteriza se zanje finalmente ante la Corte Penal Internacional (CIJ).
En 2008 ambos firmaron un Acuerdo Especial para someter la disputa a la jurisdicción de la CIJ, lo que requería la realización de una consulta popular simultánea que dotara de aceptación popular a la sentencia judicial.
Las complicaciones políticas y las diferencias culturales -en Guatemala las elecciones suelen celebrarse en domingo, mientras que en Belice son entre semana- imposibilitaron la ejecución del acuerdo, lo que llevó a ambos países a acordar un nuevo protocolo que autoriza una consulta por separado pero éste todavía no ha sido ratificado por el Congreso de Guatemala.
“Ambos estamos comprometidos a hacerlo desde 2008. Entre otras cosas se requiere hacer un referéndum y para ello antes Guatemala tiene que rectificar y modificar la versión del acuerdo de 2008 para permitir que vayamos a la consulta, ya sea simultáneamente o por separado”, explicó.
Además, Belice tiene que enmendar su legislación sobre la celebración de referendos, pero, según el canciller, “el primer ministro Dean Barrow ya ha indicado que no está dispuesto a modificar nuestra ley hasta que los guatemaltecos aprueben el mecanismo”.
Elrington apuntó que Guatemala no prevé tomar esa medida antes de diciembre, “así que espero que llevemos el asunto a nuestra Asamblea Nacional en enero”.
“Si para entonces los guatemaltecos ya lo han ratificado, seremos libres de ir al referéndum y luego a la CIJ si efectivamente logramos el ‘sí” en ambos países”, adelantó.
