“Si algo puede salir mal, saldrá mal”, dice la ley de Murphy. La implementación del sistema de voto electrónico a nivel nacional, que propone el Proyecto de reforma electoral enviado al Congreso el 29 de junio pasado, podría convertirse en un caso testigo de la célebre frase.
La justificación del proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo se apoya en que supuestamente “en los últimos años se ha desarrollado un amplio consenso en nuestro país respecto a la necesidad de reemplazar el instrumento de emisión del voto”, aunque no cita encuestas ni consultas. Además, el proyecto refiere que “no es casual que las boletas múltiples partidarias constituyan un instrumento muy excepcional en el mundo actual, solo conservado por unos pocos países”. Sin embargo, al impulsar el uso de un sistema de voto electrónico a nivel nacional, los autores no se sorprenden de que solo tres países utilicen el voto electrónico para este tipo de elecciones: Venezuela, Brasil e India.
Al igual que sucedió el año pasado en las elecciones porteñas, el Gobierno nacional habla de “un sistema de emisión de sufragio con boleta electrónica”. En la ciudad de Buenos Aires eso permitió que no se discutiera el proyecto en la Legislatura –lo que provocó la renuncia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Osvaldo Casás– y hasta se habló de las máquinas utilizadas (el sistema Vot.ar, de la empresa MSA) como simples impresoras de boletas, cuando en realidad son computadoras de propósito general modificadas, que permiten seleccionar al candidato a través de una pantalla táctil y posteriormente imprimen una boleta que contiene un chip de radiofrecuencia (RFID).
De hecho, en una reciente Mesa de Diálogo sobre Tecnologías en el proceso electoral, organizada por la Subsecretaría de Reforma Política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –de la que participó TSS–, Julia Pomares, directora ejecutiva del CIPPEC, sostuvo, en coincidencia con la mayoría de los expositores, que el sistema utilizado en las últimas elecciones porteñas “es un sistema de voto electrónico, nos guste más o menos el nombre”.
El uso de voto electrónico no es una tendencia en aumento en el mundo: en el reciente referendo que se hizo en Gran Bretaña, y que decidió su salida de la Unión Europea, se usó papel y lápiz. Alemania y Holanda abandonaron el sistema y el primero de ellos declaró inconstitucional al voto electrónico. En Estados Unidos, tras extensos procesos de análisis y algunas experiencias fallidas, se utiliza un sistema de lectura óptica de boletas en papel.
“En Estados Unidos no se vota masivamente con un sistema de pantalla, sino con papel. El proceso de emisión es a mano. Si uno mira un ranking de países por índice de desarrollo humano, los primeros 20 votan con papel”, dice Enrique Chaparro, matemático, especialista en seguridad informática y miembro del directorio de la Fundación Vía Libre.
En la Argentina, a nivel provincial, las innovaciones en materia electoral han ido en dos direcciones: distritos como Salta y Buenos Aires implementaron el sistema de voto electrónico de la empresa MSA y otros, como Santa Fe y Córdoba, pasaron a utilizar, con diversos matices, la boleta única en papel, también conocida en el mundo como boleta australiana.
La especialista en sistemas electorales Inés Tula –politóloga, investigadora y docente (UBA-CONICET)– fue veedora de la experiencia en Salta y se muestra abierta al posible uso de voto electrónico: “Es cierto que en Europa no avanza, pero no veo que se esté abandonando en todo el mundo y no es que somos el único país que se va a inmolar con el voto electrónico. Hay que preguntarse también por qué persiste en países como Brasil e India. Colombia hará una licitación y México, Perú y Puerto Rico están haciendo pruebas”.
Visión tecnocrática
Durante la presentación del proyecto de Reforma Electoral en el Centro Cultural Kirchner, el presidente Mauricio Macri pidió terminar “con la boleta en papel”, que “no es sinónimo de voto transparente, secreto y del siglo XXI”. El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, se refirió en un tono similar al afirmar que “la primera medida (de la reforma política) es la boleta única electrónica: da transparencia y agilidad”.
La cautela en el resto del mundo con respecto al uso del voto electrónico alcanzaría para cuestionar estos argumentos tecnocráticos, pero también es posible preguntarse otras dos cosas: si los principios que se ponderan son los prioritarios y si la tecnología es capaz de cumplir con lo que se pretende.
En el primer aspecto, ¿qué es un sistema ágil? ¿No debería priorizarse la certeza y los controles por sobre la velocidad? “Hay que ser cuidadosos con eso de que la celeridad en el proceso electoral trae confianza”, dijo Pomares, de CIPPEC, durante la jornada organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En Salta y Buenos Aires se implementó el sistema de voto electrónico de la empresa MSA.
En cambio, nadie dudaría sobre la necesidad de un sistema electoral transparente y secreto. Pero no está claro que el voto electrónico hoy ofrezca mayores garantías que un sistema en papel. Previo al envío del proyecto de reforma electoral al Congreso, la Secretaría encabezada por Pérez organizó reuniones con especialistas para discutir estos temas, a las que asistieron, entre otros, Tula y Chaparro.
“Estuvimos en una de las reuniones y puedo garantizar que no hubo consenso. Además, es evidente que no se quiere usar la boleta única en papel, porque el artículo 94 dice que ante un problema en los plazos se usará la boleta partidaria. Eso es bastante hipócrita y muestra que no hay voluntad de solucionar los problemas de la boleta partidaria, sino de implementar un sistema electrónico”, dice Chaparro. El proyecto tampoco contempla la creación de organismos electorales independientes del Poder Ejecutivo.
Entre requisitos y problemas
El proyecto de ley enviado al Congreso establece los siguientes requisitos para la incorporación de tecnología al proceso electoral: auditabilidad (que todo el sistema y las instancias de la elección puedan ser controladas de manera transparente), privacidad (que el sistema garantice el secreto del voto), seguridad (que tenga las máximas condiciones de seguridad para evitar ataques o intrusiones), equidad (que el uso de la tecnología no ofrezca ventajas para alguna fuerza política en particular), accesibilidad (que sea de uso simple y no genere confusión) y confiablidad (que utilice altos estándares de calidad que eviten las fallas).
“Se habla de auditoría del artefacto pero no se habla del proceso de creación del sistema y de verificar que tenga prácticas de desarrollo seguro desde un principio”, dice Iván Arce, director del Programa de Seguridad en TIC de la Fundación Manuel Sadosky.
El proyecto establece un plazo de 120 días previo al acto eleccionario para que el Gobierno comunique el cronograma de implementación del nuevo sistema. Para Arce, “si se pensara en el sistema de MSA, estamos hablando de una computadora que utiliza paquetes de software de cientos de proveedores. Hay que analizar decenas de miles de líneas de código. Todo es auditable con tiempo y dinero, pero los plazos que se manejan en el proyecto no son razonables”. A esto se le suma que, en los últimos días, se dieron a conocer problemas informáticos en la gestión de los padrones, según publicó el diario Ámbito Financiero.
Para las elecciones porteñas del año pasado, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hizo una auditoría del sistema de MSA. “El informe que se publicó deja mucho que desear y revela cosas graves. No coincido con las conclusiones, que minimizan los problemas que encontraron en cuanto a la posibilidad de trazabilidad e interferencia, que no son menores. Tampoco dice claramente qué porcentaje del sistema se auditó y qué tipo de verificación de las soluciones se hizo, por lo que desde el punto de vista técnico genera dudas”, dice Arce y ejemplifica: “El sistema de MSA tiene decisiones de diseño que deberían ser analizadas, como la transmisión del voto por radio a los chips en las boletas. Eso abre una puerta para que alguien pueda capturar esa información. La auditoría de la UBA decía que se había podido captar la emisión del voto a 30 o 40 centímetros con una antena casera. Pero eso no significa que no se pueda captar a mayor distancia con otra antena”.
Para Chaparro, el problema de un sistema electrónico es lo que denomina como “microfraude”, ya que “en un sistema de voto manual el escrutinio de mesa puede ser fraguado intencionalmente pero el fraude difícilmente puede hacerse de forma sistemática y generalizada. Ningún sistema electoral permite cambiar el 10 % de los votos. Pero cuando la diferencia es escasa, como pasó en Santa Fe, si se cambiaba un voto cada cinco mesas se daba vuelta el resultado”.
Uno de los problemas de la incorporación de tecnología en sistemas electorales es la multiplicidad de puertas que se abren a posibles amenazas. “En términos de seguridad informática, se agregan nuevos adversarios: el proveedor y toda su cadena de abastecimiento. ¿Por qué tengo que confiar en que el proveedor hace las cosas bien y tiene control sobre todo eso?”.
Chaparro coincide: “No está solo el software, sino que también hay que auditar la electrónica de las máquinas”. Y explica que en los controles posteriores también hay una dificultad para asegurar que no hubo violación del secreto del voto, ya que por cuestiones de seguridad y privacidad el sistema no debe guardar un registro del orden de los votos. “Debería congelarse la máquina y hacerse una auditoría en caliente, lo que es impracticable”, agrega.
Otra de las críticas que los especialistas en seguridad informática le hacen al proyecto es la penalización a la posibilidad de hacer auditorías sobre el sistema. “Hay un espíritu de penalización de la seguridad informática, de prácticas que no son un delito y esto es un desincentivo a investigar y hace que sea más difícil encontrar problemas en un sistema de este tipo”, dice Arce.
El proyecto incorpora la figura de los fiscales informáticos partidarios, por lo que los partidos seguirán teniendo la responsabilidad de fiscalizar las elecciones. ¿Están en condiciones los partidos más chicos de hacerse cargo de esta tarea? ¿Cómo la harán? Para el especialista de Vía Libre, “el proyecto está lleno de problemas y va a desencadenar una tormenta cuyas consecuencias no se van a poder controlar. No se ha demostrado la necesidad de cambio ni hay una fundamentación metodológica desde cualquier punto de vista que se analice, ya sea la fiabilidad de la información, la seguridad o lo económico. Si sos un partido chico y no tenés fiscales, vas a tener problemas con papel o con voto electrónico”.
Para Tula, “sin dudas tiene que haber controles cruzados para que un sistema de estas características funcione. Cada parte tiene que poder hacer una auditoría y se debe controlar a los que controlan. Es un hecho que la tecnología encarece los procesos electorales y que hoy los partidos más chicos no tienen los recursos ni el dinero para esto”.
¿Quién lo hace?
Otra pregunta que abre aguas frente a la incorporación de un sistema de voto electrónico en el sistema electoral argentino es quién debería desarrollarlo. A un año de las próximas elecciones nacionales –que es el objetivo del Gobierno– y con una implementación que tiene que comenzar 120 días antes de las próximas PASO de 2017, parece poco probable que el Estado pudiera tomar esa responsabilidad o que algún privado lo pudiera desarrollar desde cero. Por lo tanto, las opciones son empresas locales como MSA o extranjeras.
“Así como estamos hoy, los tiempos son muy escasos y es preocupante. El debate va a empezar en agosto, se tiene que discutir y aprobar la ley, y recién entonces empieza a correr el cronograma. Todo indica que la intención es comprar un sistema”, dice Tula. Y agrega: “En Buenos Aires hubo un proceso de capacitación muy bueno a las autoridades de mesa. En las escuelas había delegados judiciales como apoyo y los técnicos no podían tocar la máquina sin autorización. Pero esto, llevado a una elección nacional, es mucho más difícil de implementar y requiere una autoridad electoral con altas capacidades técnicas”.
Para Arce, “si se pretende una ley que permita el voto electrónico y se quisiera darle el marco legal para el desarrollo desde cero, que sea verificable y auditable, no alcanzan ni dos años para hacer las cosas bien”.
¿Estas condiciones harían desembocar la elección en MSA? “Está escrito con letras de fuego en el proyecto. Lo que es un insulto, sobre todo si se lo hace por ley”, sostiene Chaparro, quien estima que la inversión inicial en equipos para una elección nacional, en base a los costos de las licitaciones previas en Buenos Aires, rondaría los 200 millones de dólares. “A eso hay que sumarle costos de logística y transporte porque, por ejemplo, las máquinas usan baterías de litio y no pueden estar todas juntas porque si explota una, explotan todas”.
Tula cree que “habrá un debate interesante el Congreso, pero es necesario que un sistema de esta importancia se implemente de manera prolija”. Más allá de la polémica sobre su confiabilidad, la incorporación de tecnología cambia la forma de votar. La tecnología no es neutral y así como la boleta partidaria tiene el efecto de arrastre de lista, la boleta única separada por cargo (como la que se usa en Santa Fe) favorece el voto cruzado. En el caso de una pantalla táctil como la del sistema de MSA, un cambio que puede parece menor, como el tamaño del botón para votar en blanco, puede inducir a esa selección, como quedó demostrado en las últimas elecciones porteñas. “La forma en que se presenta la información siempre tiene un sesgo y condiciona al votante”, dice Tula.
“Inclusive en el Gobierno hay gente que comparte nuestras preocupaciones, pero su salario depende de no pelearse con su jefe”, dice Chaparro, quien considera que hay evitar “una especie de fatalismo sobre que hay que ir en esta dirección. Es una tecnología que tiene 40 años y son más los países que la han dejado”.
Arce sostiene que su posición no es dogmática. “No me opongo al uso de tecnología en el voto como idea. Me parece que es algo inexorable, que tarde o temprano se va a usar, pero en la práctica se requiere un proceso adecuado para minimizar el riesgo de fraude y de otros problemas”. Sin embargo, una vez logrado el objetivo, encuentra otra objeción: “Si logramos hacer esto, ¿quién está en condiciones de verificar que funciona bien? Se pone en manos de un grupo con conocimiento tecnológico la decisión de verificar si el sistema cumple con las propiedades que espera la sociedad. No estoy de acuerdo con que unos pocos sean jueces de la idoneidad del sistema. Con un sistema en papel lo pueden hacer quienes saben leer, escribir y sumar. Yo esperaría que un egresado del secundario tuviera capacidad básica para programar y ahí sí, en teoría, estaríamos en condiciones”.
*Por Bruno Massare, TSS
