“Después de que encerraron a las cabezas del gremio, los patrones nos llamaron a una reunión en la que estaban Adolfo Navajas Artaza y (Juan Carlos) Sacco y nos dijeron que 'se terminó el gremio'”, relató ante los magistrados Juan Manuel Gómez, quien fue secuestrado en su casa de la localidad correntina de Virasoro en marzo de 1976.
“Entendemos que después de las detenciones ilegales de los sindicalistas, la empresa produjo un retroceso en las conquistas laborales de los trabajadores, como la obra social y los horarios de trabajo, que habían sido obtenidos mediante gestiones del gremio”, explicó a Télam el fiscal Juan Martín García.
“En las torturas -dijo Gómez- a mí me preguntaban dónde repartía los panfletos y dónde tenía el embute (escondrijo)”, relató el trabajador y añadió que “en Paso de los Libres me interrogaban y me decían que yo era de la subversión”.
Gómez fue secuestrado de su casa y mantenido cautivo en forma ilegal por dos años en centros clandestinos de la dictadura como “La casa de los mártires”, en Candelaria, cerca de Posadas, y también en el Chaco, Coronda (Santa Fe) y Buenos Aires. Tras salir del cautiverio y estar libre por dos meses, volvió a ser detenido por el término de seis meses en Paso de los Libres.
“Mi familia no sabía si yo era vivo o muerto hasta que un oficial me dio papeles y me dejó que escribiera una carta que llegó a mi casa, y acá estoy”, dijo ante los jueces el ex delegado sindical de la FATRE (antecedente de la actual UATRE).
La causa por la que declaró resulta de la unificación de dos expedientes sobre crímenes de lesa humanidad y se encuentra en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes a la espera de una definición sobre la situación del imputado Juan Carlos Sacco, tras lo cual se fijará fecha de debate.
El caso aborda las desapariciones de Neris Pérez y Marcelo Peralta, obreros de la yerba mate y agremiados a la Federación Argentina de Trabajadores Rurales así como al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, secuestrados en Las Marías en junio de 1977. Por ambas desapariciones fue implicado el ex gobernador de facto Adolfo Navajas Artaza -hoy de 91 años-, quien sin embargo fue sobreseído por un juez subrogante de Paso de los Libres, Antonio Chalup, luego de que una larga lista de magistrados se excusara.
De ese modo, quedaron como procesados el general del Ejército Llamil Reston, separado de la causa por razones de salud, el capitán del Ejército (RE) Juan Carlos Sacco y el militar retirado Héctor María Torres Queirel.
Sacco cumplió el rol de interventor militar en el municipio de Virasoro y bajo su órbita se encontraba la seguridad de la localidad, en tanto que Torres Queirel era propietario de la estancia “María Aleida”, donde Peralta cosechaba yerba mate cuando fue secuestrado.
Además, se investigan las privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos psíquicos y físicos en perjuicio de Ramón Aguirre (ex secretario general del gremio), Marcelo Acuña, Pablo Franco, Carlos Escobar, Héctor Sena, Juan Gómez y Luis Benítez Alvez.
La declaración anticipada de Gómez en calidad de testigo se produjo hoy en el marco de una instrucción suplementaria sustanciada por el tribunal oral federal de Corrientes.
La audiencia para tomar testimonio a Gómez se realizó ante el estrado de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, a partir de un pedido de los fiscales Flavio Ferrini y Juan Martín García, y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por el abogado Daniel Domínguez Henaín.
La solicitud de testimonio anticipado, previo al inicio del juicio, se debió al estado de salud del testigo, quien tiene 74 años y hace dos años sufre problemas diversos debido a un accidente cerebro vascular, según dijo ante el tribunal en la audiencia de la que participó Télam.
