El comienzo del terrorismo de Estado antes del golpe, como su antesala, estuvo también presente en juicios anteriores que llegaron a sentencia y es la característica saliente del debate en curso de la megacausa del Operativo Independencia y de dos causas contra integrantes de la CNU, la de Mar del Plata y la de La Plata.
Luciano Benjamín Menéndez, quien con la sentencia de este jueves llegó a 14 condenas, 12 a prisión perpetua, recibió una de esas máximas penas en un juicio que se desarrollo entre octubre y diciembre de 2009 y que acumuló tres causas, una de las cuales fue por el secuestro de Raúl Ernesto Morales consumado el 22 de marzo de 1976, dos días antes del golpe.
El Tribunal del juicio de 2009, que como el de esta semana presidió el juez federal Jaime Díaz Gavier, señaló en los considerandos de aquella sentencia que el terrorismo de Estado "imperaba en nuestro país aún con anterioridad al golpe del 24 de Marzo de 1976". En este sentido, señaló que en 1975 comenzó la llamada "lucha contra la subversión" y que en Córdoba la encarnó Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, con el "control operacional" sobre los "diversos organismos militares, policiales y de seguridad" para una represión que se valió de "métodos atroces e ilegales".
Siempre según el mismo Tribunal, "las estructuras y engranajes represores que ya actuaban antes del golpe militar de marzo de 1976, adquieren dimensiones inusitadas (con la dictadura), transformando así a cada ciudadano en potencial enemigo del sistema, y cristalizándose de esta manera, una verdadera cacería humana sin precedentes en la historia de este país".
Un enfoque similar se advierte en la sentencia del Tribunal Oral Federal de Salta que el 31 de marzo de 2014 condenó a 15 represores, incluidos jefes del Ejército, por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa provincia a partir de 1975.
En los fundamentos del fallo condenatorio, el TOF sostuvo que "el sistema represivo articulado en el plano nacional se instauró" con el golpe de 1976, pero "dicho sistema comenzó a diagramarse y desarrollarse mucho tiempo antes", en Salta desde 1974, con el derrocamiento del gobernador Miguel Ragone.
También señaló que el decreto presidencial del 5 de febrero de 1975 que dio inicio al Operativo Independencia en Tucumán extendió la creciente "autonomización de las fuerzas militares" en la represión "al noroeste del país", con la consecuencia de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura pero también previos al golpe.
Entre estos últimos, juzgó a los responsables de los secuestros y asesinatos de Eduardo Fronda, militante del Frente Revolucionario Peronista, cuyo cadáver acribillado fue hallado el 8 de enero de 1975 en el departamento salteño de La Caldera, y del periodista Luciano Jaime, secuestrado cuando salía del diario El Intransigente donde trabajaba, el 12 de febrero de 1975, y cuyo cuerpo sin vida apareció dos días después.
La sentencia señaló la participación en ambos crímenes de las policías Provincial y Delegación Salta de la Federal que ya "operaban en esta provincia eliminando a las personas contrarias al régimen político en vías de instauración, sin perjuicio de que no pueda descartarse la intervención de otras fuerzas de seguridad o militares".
Por otra parte, el 19 de febrero de este año llegó a sentencia con cinco condenados el juicio contra integrantes de la organización terrorista paraestatal Triple A, que secuestró, atentó y asesinó antes del golpe de estado de 1976. Este juicio se realizó en el marco del viejo Código de procedimientos penal, por lo tanto como un proceso escrito (a diferencia de los restantes juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad) y ante un solo juez, en este caso María Romilda Servini.
En la sentencia, la jueza sostuvo que la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) "fue proyectada, materializada, financiada y conducida por agentes públicos, más precisamente por un ministro de la Nación", en referencia a José López Rega.
"El delito que aquí se juzga no fue consecuencia del accionar de personas individualmente consideradas, para su perpetración fue necesaria la misma estructura y recursos proporcionados en principio por uno de los ministerios del Estado", señaló la magistrada y agregó que "la acción penal (...) es imprescriptible en virtud de tratarse de un delito de lesa humanidad".
En cuanto al juicio de la megacausa por crímenes cometidos durante el Operativo Independencia en Tucumán entre febrero de 1975 y marzo de 1976, que comenzó en mayo de este año y se halla en desarrollo, los delitos cometidos por unos 20 imputados en perjuicio de 270 víctimas son en todos los casos previos al golpe.
Conducido primero por Adel Vilas y luego por Domingo Antonio Bussi, como máximos jefes del Ejército en Tucumán, el Operativo Independencia prefiguró el terrorismo de Estado extendido a todo el país a partir del 24 de marzo de 1976, con un sistema represivo estatal que usó sistemáticamente centros clandestinos de detención, secuestros, desapariciones, torturas y diversas prácticas de exterminio de "subversivos".
Con características más parecidas a las de los hechos juzgados respecto de la Triple A, dos causas investigan los crímenes de una organización similar, la CNU que operó en Mar del Plata y La Plata. En el caso de Mar del Plata, el juicio está en curso aunque suspendido por la renuncia de un juez del Tribunal Oral Federal y las audiencias se reanudarán el lunes próximo.
En este caso, el tribunal de alzada, con confirmar el procesamiento de uno de los imputados, señaló que en la causa de la CNU marplatense como en el de la Triple A "se afirmó la existencia de grupos paramilitares o parapoliciales con identidad de objetivos que atacaron en forma sistemática a opositores políticos de tendencia de izquierda bajo el amparo de estructuras del Estado, lo cual es suficiente para reforzar la hipótesis de que el accionar de la CNU no era aislado sino que se hallaba en sintonía con el accionar de otros grupos que respondían a una misma política de Estado". En una causa similar, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata volvió a postergar el viernes último el inicio del juicio a dos civiles que integraban la misma organización paraestatal CNU, pero en la capital bonaerense, a raíz de un planteo de recusación de uno de los jueces formulado por la defensa de los acusados.
