La justicia recibió información que le remitió la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre las fundaciones sospechadas en la causa en la que se investiga el origen de los fondos que le fueron robados de su casa a la vicepresidenta Gabriela Michetti, en noviembre del año pasado.
Se confirmó que no presentaron balances, según la documentación enviada por la IGJ. También llegó al juzgado la declaración jurada de Michetti que envió la Oficina Anticorrupción. En los próximos días se pedirían las DDJJ de la pareja de la funcionaria.
El juez Ariel Lijo recibió los legajos de varias Fundaciones bajo la lupa, SUMA; "FUNDAR SEGURIDAD Y JUSTICIA"; "CRECER Y CRECER" Y "FORMAR", en los que figuran la constitución de esas sociedades, la designación de directores y los cambios de los mismos, pero de la información no surge que hubieran presentado balances, lo que a todas luces se trataría de una situación irregular, según confirmaron fuentes judiciales.
De todas maneras la IGJ informó al juzgado que en las últimas horas el organismo recibió información que aún no ha sido analizada ni verificada.
El magistrado aguarda ahora que la AFIP le envíe las declaraciones juradas de Michetti correspondientes a los períodos 2014 y 2015 para analizarla junto a los datos que surgen de la enviada por la OA. Además en los próximos días, el juzgado pediría las DDJJ de la pareja de la vicepresidenta.
Esto es porque Michetti dijo que parte del dinero que le fue sustraído era de un préstamo de su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi.
En el expediente se apunta a las fundaciones Creer y Crecer, de Néstor Grindetti, Formar, de Guillermo Dietrich y Fundar Seguridad y Justicia, de Eugenio Burzaco, que tienen en común no haber presentado balances en los últimos años.
La otra fundación bajo la lupa es SUMA, cuyo directorio lo conforman, además de Michetti, varias cabezas del PRO como el jefe del bloque del Senado, Federico Pinedo, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y el titular del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, entre otros, según explicaron los denunciantes del caso.
A la denuncia presentada por Leonardo Martínez Herrero, se acumuló otra de los diputados nacionales Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, quienes aseguran que la fundación "no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia", que "recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida", y que no hubo controles estatales. Todos estos datos están siendo chequeados por la justicia.
En la causa, el fiscal Guillermo Marijuán pidió establecer si el dinero robado en la casa de Michetti estaba declarado y corroborar si 200 mil pesos provinieron de una donación recibida por la fundación SUMA, presidida por la funcionaria, como ella misma explicó.
Además, Michetti afirmó que 45 mil pesos estaban destinados al pago de una refacción de su vivienda y que los 50 mil dólares eran un préstamo de su pareja, Tonelli Banfi.
