El IP es una figura tributaria concebida para que aporten más al sostenimiento del Estado aquellas personas físicas que más tienen, de la misma manera que el Impuesto sobre la Renta (IRPF) busca una mayor contribución de quienes más ganan. Sin embargo, en la práctica, no siempre es así.
Las comunidades autónomas tienen cedido el IP y algunas lo bonifican hasta el 100%, como Madrid, aunque existe la obligación de declarar cuando la base imponible supera los 700.000 euros o se es titular de bienes por valor de más de dos millones, igual que en el resto de España.
En 2008, José Luis Rodríguez Zapatero suprimió de facto el IP, pero decidió recuperarlo en 2011 para paliar los destrozos que la crisis estaba causando en las cuentas públicas. Tras alcanzar el poder, Mariano Rajoy decidió mantenerlo, pese a ser un impuesto muy criticado por el ala más liberal de su partido.
Como consecuencia de ello, en 2014 hubo 181.874 declarantes del IP, sin incluir los de las comunidades navarra y vasca, que llevan su propia gestión fiscal, gracias al régimen foral del que disfrutan. El patrimonio total declarado fue de 555.539 millones de euros, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Casi la mitad de 931 millones recaudados se obtuvo en Catalunya (429 millones), seguida a mucha distancia de la Comunidad Valenciana (107). Debido a la bonificación del 100%, Madrid no captó ni un euro, pese a que hubo 16.670 declarantes, con un patrimonio medio de 8,4 millones, el más alto de España.
El IP supone una mínima parte de la recaudación total de Hacienda, que en 2014 ascendió a 174.987 millones de euros. También es insignificante en comparación con el IRPF, que soportan básicamente los asalariados y que ese año aportó 72.662 millones.
