El encuentro será a las 16.30 en los Tribunales porteños y será el primero que se realiza en el año.
La reunión se hara luego del planteo que hicieran el 12 de septiembre pasado representantes de las organizaciones de derechos humanos a Lorenzetti por las demoras en los juicios de lesa humanidad, la falta de confirmación de las sentencias a los condenados y las demoras en los procesos en los que están imputados empresarios por su responsabilidad con el terrorismo de Estado durante la última dictadura.
En esa reunión estuvieron presentes dirigentes de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres-Línea Fundadora, Hijos (Capital), Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, el Cels, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Apdh, Comisión por la Memoria la Verdad y la Justicia Zona Norte, Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.
A la Comisión Interpoderes se llevarán las propuestas surgidas el 12 de agosto en un documento de las IV Jornadas Nacionales realizadas por el colectivo de abogados y querellantes en delitos de lesa humanidad y consensuadas por los organismos de derechos humanos.
La Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por delitos de lesa humanidad fue creada por la acordada 42/08 del máximo tribunal del país, y está integrada por representantes de los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
La última convocatoria fue el 24 de agosto pasado y en esa instancia se coincidió en remarcar que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no están atadas a la agenda de ningún gobierno".
Sin embargo, ante la nueva gestión iniciada el 10 de diciembre pasado, los referentes de los organismos derechos humanos y los abogados querellantes en causas por delitos de lesa humanidad, manifestaron su "preocupación" por el estancamiento en los procesos de lesa humanidad y decidieron trasladarlo a los representantes de distintos poderes.
Así, se realizaron encuentros con los presidentes de la Corte Suprema (Lorenzetti) de la Procuraduría General de la Nación (Alejandra Gils Carbó), de la Cámara de Casación Penal (Alejandro Slokar) y de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (Victoria Donda).
Con Gils Carbó
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ratificó el apoyo a la Procuradora General de la Nación y le manifestaron la preocupación de las organizaciones por la "persecución que sufren los jueces".
Carlotto ratificó el apoyo de los organismos de derechos humanos a Gils Carbó, con quien se reunieron el miércoles, y le manifestaron que "el poder judicial está muy contaminado".
"Atacan a los jueces que molestan con sus resoluciones", afirmó en diálogo con Télam la presidenta de Abuelas al mencionar los ataques sobre los magistrados Carlos Rozanski, Alejandro Slokar y Daniel Rafecas y advertir que "la justicia está muy contaminada y ejerce el poder con aquellos sectores que intervinieron en el terrorismo de Estado".
En el encuentro, las agrupaciones de derechos humanos destacaron el rol de la Procuración General y, en particular, de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para el impulso y sostenimiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia y manifestaron su preocupación por las demoras en los juicios a los represores de crímenes de lesa humanidad.
A la vez, plantearon que observan obstáculos en las causas judiciales contra los represores, que ya dieron a conocer través de un documento ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y luego en una reunión que mantuvieron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti.
"Las demoras comenzaron cuando los civiles fueron involucrados en el terrorismo de Estado. Cuando se juzgaron a los genocidas, los juicios marchaban, cuando empezamos con los empresarios y civiles cómplices de la dictadura, empezaron las demoras", dijo Carlotto.
"Los organismos de derechos humanos somos democráticos y respetamos al gobierno, así es como las Abuelas nos vinculamos con entes gubernamentales pero nuestro compromiso es denunciar todo lo que haya que denunciar", añadió.
En el encuentro con Gils Carbó estuvieron, además de Carlotto, la presidente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; la referente de la asociación Memoria, Verdad y Justicia-Zona Norte, Adriana Taboada; el co-titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Ernesto Moreau; Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.; y Luz Palma Zaldúas, del CELS.
También asistieron la ex legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y referente de la asociación Buena Memoria, Gabriela Alegre, y la dirigente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, María Adela Antokoletz.
