A días de la recuperación del Nieto 121, la organización Abuelas de Plaza de Mayo expresó su preocupación sobre el proyecto que modifica la Ley de Ministerio Público, porque el nuevo requisito de cinco años de actividad para ocupar Procuradurías o Unidades Especiales implicaría remover al titular de la unidad abocada a casos de apropiación de bebés durante la última dictadura, Pablo Parenti.
El proyecto del Gobierno, que busca como fin último cercenar las atribuciones de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, también está siendo fuertemente criticado porque elimina la única unidad del país que investiga violencia contra las mujeres.
En cuanto al reclamo de Abuelas, la organización encabezada por Estela de Carlotto envió una carta a la diputada radical jujeña María Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, en la que reflejó su desacuerdo con la inclusión del nuevo requisito para los fiscales especiales, que no estaba en el proyecto de ley que envió el Poder ejecutivo al Congreso.
"Nos vemos en la obligación de resaltar que desde la puesta en marcha de la Unidad en cuestión se obtuvo una mejora sustantiva en la investigación judicial de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, tanto en lo relativo a la prolongación temporal de las investigaciones como en la cantidad de casos resueltos por el sistema judicial en su conjunto. Asimismo, se obtuvieron y sistematizaron distintos documentos esenciales para esas investigaciones -como actas de nacimiento, libros de partos o legajos, entre otros- lo que ha incidido incluso en restitución de identidad a personas apropiadas durante el terrorismo de Estado -tal el caso de Maximiliano Menna, quien recuperó su identidad el 3 de octubre pasado-", señala la carta de Abuelas.
En el texto, proponen que el Congreso evalúe a Parenti por lo hecho en la Unidad y que no lo aleje de su cargo por no cumplir con el requisito de antigüedad que se pretende incluir en la modificación de la Ley. "Este fructífero trabajo realizado coordinadamente con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo fue llevado adelante por el fiscal general Pablo Parenti y su equipo, y por ello no podemos aceptar una modificación como la que se propone, que implicaría su inmediato desplazamiento", añade la nota.
