Durante la jornada del miércoles 26 de octubre, el Sindicato de Trabajadores Judiciales RA, presidido por el Secretario General Agustín Bruera, emitió un comunicado denunciando a Julio Piumato por “una gravísima maniobra persecutoria y violatoria de las más elementales garantías individuales de un trabajador”.
Según los judiciales, el dirigente de la UEJN (Unión de Empleados Judiciales de la Nación) se presentó en la sede administrativa de la Procuración General de la Nación, junto a inspectores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, un día después de que fracasara el proyector legislativo del oficialismo para acorralar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, y solicitó que se le entreguen legajos con información personal y privada de trabajadores y trabajadoras.
A raíz de la frustración por el fracaso de la reforma judicial del MPF, el dirigente gremial “en una actitud cuasi policial” solicitó que “le sean entregados los legajos de todos los trabajadores y trabajadoras del MPF, y hasta el detalle de los horarios de ingreso y egreso de sus lugares de trabajo.”
La información a la cual pretendía acceder la máxima autoridad de la UEJN incluía datos confidenciales “como composición del grupo familiar, detalle de las licencias por enfermedad u otros motivos, estudios, créditos financieros, sanciones disciplinarias.”
Según un trabajador del MPF, “la actitud del Piumato es semejante a la actitud de algunos empresarios que durante la última dictadura cívica militar entregaron información personal de los trabajadores al régimen para facilitar la logística de la persecución, el secuestro y la tortura.”
“Este acto es más propio de un interventor de la dictadura que de un dirigente sindical”, agregó el trabajador.
No es la primera vez que Piumato arremete contra judiciales. En diciembre del año pasado, en una protesta realizada frente a la sede principal de la Procuración, el dirigente reclamó la revisión de condiciones de trabajo de empleados del organismo. Piumato ya había realizado una denuncia en la justicia en relación a esta situación en diciembre del 2014. Sin embargo, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal declaró la nulidad del fallo del juez de primera instancia que avalaba la denuncia de Piumato, que cuestionaba las contrataciones y las jerarquizaciones realizadas a los trabajadores del MPF. El fallo de la Cámara le recordó a Piumato que el estatuto indica que su rol es "el de la defensa de los trabajadores" y no el de su exposición en una denuncia penal.
(APU)
