En su etapa final, el juicio de la denominada causa Nuna Puka (almas rojas) investigó los crímenes cometidos entre agosto y diciembre de 1976 en perjuicio de 17 víctimas, todos militantes del Partido Comunista, la mayoría de la norteña localidad de Tumbaya y los restantes de San Salvador de Jujuy.
Cuando el fiscal Pablo Pelazzo (foto) retomaba su alegato, la audiencia se vio interrumpida por la imposibilidad de tener conexión por videoconferencia con la prisión bonaerense de Marcos Paz, donde se halla encarcelado el represor Braga, ya condenado en otras causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy.
Personal de esa unidad penitenciaria informó sobre el corte del suministro eléctrico sin previsión de cuando cesaría, por lo que el Tribunal resolvió suspender el debate.
En lo que lleva de su alegato, el fiscal Pelazzo examinó en detalle la prueba reunida e hizo consideraciones sobre la calificación legal de los delitos imputados pero se vio impedido de seguir con los pedidos de pena.
Los alegatos de este cuarto juicio por crímenes de lesa humanidad en Jujuy continuarán el próximo miércoles a las 16 en sala de audiencias de la Justicia Electoral Federal de la capital jujeña.
En esta causa están acusados represores que pertenecieron en algunos casos al Ejército y en otros a las policías Federal y de Jujuy, entre ellos Alberto Callao, Juan Carlos Vaca, Siro Goyechea, Armando Ruiz, Armando Claros, Carlos Alberto Gutiérrez y Ramón Herrera.
También están imputados Catalino Soto, Federico Colmenares, Teodomiro Batalla y Jorge Ernesto Mendoza, quienes llegaron a este juicio oral en libertad.
Completan la lista de procesados Braga y José Eduardo Bulgheroni, oficiales retirados del Ejército que ya fueron condenados a prisión perpetua en anteriores juicios por crímenes de lesa humanidad.
