Enfrenta el sol tajante con una visera y unos lentes, y toma el micrófono con fuerza para hablarle a las mujeres argentinas mientras, en algún recuerdo no tan lejano, imagina estar frente a sus colegas colombianas.
El exilio es nostálgico. Paola aterrizó en Argentina en octubre de 2015, veinte días después de haber salido de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá, donde permaneció detenida, acusada de “terrorista” por su militancia en el Congreso de los Pueblos y su tarea como coordinadora de un programa de salud reproductiva.
“Caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía. Me vincularon a un proceso judicial por terrorismo. Hubo una judicialización no sólo policial, sino también mediática”, reconstruye.
¿Desde cuándo te considerás feminista?
Fue en 2005, cuando empezó a hacerse más fuerte la campaña por la legalización del aborto. Ahí comencé a informarme, a reunirme en grupos de estudio y participar de las discusiones. Estudiaba derecho en la Universidad pública y al principio me involucré en organizaciones como activista de los derechos humanos, frente a la realidad que vivíamos en Colombia. Pero en 2005, con el reclamo por el derecho al aborto, decidí vincularme con la lucha feminista.
¿En qué agrupación empezaste a participar?
En estos once años de lucha, he trabajado dos ejes importantes: el aborto legal y la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Empecé con un proyecto de base estudiantil que se llamó Escuela Feminista, y luego participé de la fundación de la Confluencia de Mujeres para la Acción Pública, que es una red nacional de mujeres campesinas que está en distintas ciudades y que es parte del movimiento social Congreso de los Pueblos. Con la red, la idea fue salir de lo académico y de lo intelectual para aportar al movimiento popular en Colombia y combatir el conflicto armado en el país.
Desde 2005 estás en la campaña por la legalización del aborto, ¿cuánto se avanzó en esta causa?
Por ahora hay tres caudales legalizados: peligro de la vida de la madre, malformaciones o incompatibilidad del feto con la vida y violación sexual. Si bien en los hospitales públicos todavía no se ha logrado implementar la ley como se debe, en Colombia hay prestadores privados legales que brindan la atención médica debida, con un enfoque social que permite a las mujeres más pobres poder acceder, acompañadas de programas estrictos de educación sexual y de anticoncepción. Sabemos que las mayores barreras para un aborto legal y seguro están en el mismo cuerpo médico, porque si bien se modifica la ley, no se modifica la forma de pensar.
¿Cuál era el rol del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del cual estabas a cargo en Bogotá?
El trabajo está en lograr que los profesionales de la salud tengan la mayor claridad posible sobre qué hacer en los casos de aborto, y que entiendan que tienen un rol protagónico para garantizar la vida y la salud de las mujeres. Nosotras los ayudamos a elaborar los protocolos y los apoyamos en el proceso de formación. Como profesionales nosotras tenemos que hacer cumplir la ley, y por eso queremos que los trabajadores de la salud entiendan que somos sus asesoras y sus acompañantes, que queremos que lo hagan bien y que cumplan el rol que tienen que cumplir.
En 2015 tuviste que abandonar la coordinación del Programa, ¿Qué pasó?
Estuve desde el 2013 hasta el 2015. El 8 de julio del año pasado caí en una causa armada por parte de la policía y la fiscalía que me vincularon a un proceso judicial por terrorismo, donde hubo una judicialización no sólo policial sino también mediática. Conmigo se llevaron a otras doce personas. Estuvimos en prisión dos meses, y aún sigue el proceso judicial. Tenemos el riesgo de ser condenados a 30 años de cárcel por terrorismo, por haber sido vinculados a una protesta estudiantil en la Universidad Pública, donde había estudiantes pero también personas como yo que ya no estamos vinculados a la Universidad. Entre los 13 detenidos, la única coincidencia es que todos pertenecemos al Congreso de los Pueblos. Lo que entendemos es que fue una excusa para criminalizar al movimiento.
En 2003 el gobierno de Álvaro Uribe, actualmente principal crítico del acuerdo de paz entre el Estado y las FARC y líder de la campaña por el “no”, logró que el Congreso aprobara el Estatuto Antiterrorista en Colombia. Este documento modifica cuatro artículos de la Constitución que dejan el camino libre para que unidades especiales de la policía judicial y también fuerzas militares puedan interceptar a los ciudadanos sin previa orden judicial, además de ejecutar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios. En 2006, aún bajo la gestión de Uribe, este documento se formalizó en la ley 1121, por la cual se dictan normas para la “prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”.
Mencionás que uno de los ejes es la violencia contra las mujeres dentro del conflicto armado, ¿A qué te referís?
Cuando la militarización ocupa un pueblo sucede como en las guerras medievales. Llegan a reclamar el territorio a través de la violencia, y con la misma violencia toman el cuerpo de las mujeres. Entonces, la mujer se convierte en un instrumento en disputa por parte de los guerreros. Castigar a las mujeres es igual a castigar al enemigo.
¿Qué pasa con esas mujeres después de las situaciones de violencia?
Para las mujeres que sobreviven de la desaparición forzada de sus familiares queda la marginalidad, la exclusión social y la pobreza. Estas mujeres víctimas de la guerra que son desplazadas de sus territorios, terminan engrosando las redes de prostitución y de explotación en el trabajo doméstico informal.
¿Cómo se puede revertir esta situación?
Lo que hay que hacer es apropiarse de la participación política, de los espacios públicos. Construir la paz en Colombia implica construir transformaciones sociales y duraderas que abran espacio a la voz de las mujeres.
Y ahora que en el referéndum se votó el “no”…
La campaña por el “no” utilizó un discurso misógino y un discurso de discriminación. Nos surge la preocupación de que se construya un modelo ideológico de derecha en el país, que entendemos que nace del miedo de que las mujeres salgamos de la casa a la calle a reclamar, a dejar los lugares tradicionales, y también miedo a que la enseñanza de género en las escuelas pueda transformar en homosexuales a los niños. En definitiva es lo mismo que ocurre en Brasil en el golpe contra Dilma. Si no se transforma el modelo de país, y en esto las mujeres tienen un rol importantísimo, el conflicto armado no va a desaparecer. Hay una frase que tiene que ver con esto y que decimos mucho allá: en Colombia es más fácil armar una guerrilla que armar un sindicato.
El 11 de septiembre del 2015, el Juzgado N°44 declaró que el procedimiento de captura de los trece integrantes del Congreso de los Pueblos era ilegal y que la orden de prisión preventiva no tenía fundamento jurídico, no había argumentos legales. Sin embargo, tanto Paola como los demás continúan relacionados al proceso judicial.
Desde que saliste de la cárcel estás viviendo en Argentina. El exilio, ¿es decisión personal o es decisión política?
Es personal y política. Política porque la situación es complicada de afrontar allá, en especial por una serie de condiciones de riesgo que no vale la pena asumir. Y personal porque fue una recomendación tanto del Congreso de los Pueblos como de los organismos de derechos humanos que nos acompañaron en el proceso. La refrendación de los acuerdos de paz abría una posibilidad para regresar porque la jurisdicción especial de paz incluía algunos beneficios para referentes sociales judicializados que nos daban la posibilidad de regresar. Con el “no” eso queda en el limbo y nos toca seguir esperando.
Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación – UBA
