La Cancillería argentina se negó a avanzar en un juicio contra Gran Bretaña, iniciado en 1987 por la Comisión de Familiares de Caídos en las islas Malvinas por crímenes de guerra y por el hundimiento del Crucero General Belgrano. En un documento de 110 páginas, el Gobierno basó su postura en un acuerdo firmado durante la presidencia de Carlos Menem, y al que también remitió Susana Malcorra tras su reciente encuentro con el vicecanciller inglés Alan Duncan para relanzar las relaciones entre la Argentina y el Reino Unido.
Según informó La Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió en agosto pasado a los abogados de las víctimas de torturas de la guerra de Malvinas y a los familiares de los muertos en el buque General Belgrano que el Gobierno descartó por completo la posibilidad de avanzar en un juicio contra el gobierno británico por ser responsable de esas lesiones y muertes.
Con un argumento político, la Cancillería justificó en su escrito el rechazo jurídico: planteó que no puede sentenciarse la inconstitucionalidad de la declaración de Londres y Buenos Aires firmada en 1989 (el llamado acuerdo de Madrid), que dejó en un paréntesis el tema de la soberanía para que ambos países avancen en los acuerdos económicos, humanitarios y comerciales en torno a las islas. En ese acuerdo, cada parte se comprometió a no imponer demandas contra la otra.
Por eso, la cartera que encabeza Malcorra evaluó que en caso de presentar un recurso judicial por las víctimas de la guerra y declarar la inconstitucionalidad de aquel tratado para avanzar en un juicio contra Londres "sería muy negativo el impacto" para el acuerdo sellado entre la Argentina y Gran Bretaña durante el gobierno de Menem, el mismo al que remitió el comunicado conjunto que en septiembre pasado firmaron la canciller argentina y el vicecanciller inglés, estableciendo un acercamiento entre ambos países.
Para los abogados de Vallejo y de otras diez víctimas de tortura en la guerra de Malvinas, la Convención de Viena está por encima del acuerdo de Madrid, y les da el derecho a las víctimas a enjuiciar al Estado productor del daño para lograr una reparación. Ante estos planteos, la Cancillería propuso que las demandas puedan continuar de forma particular, pero está claro que no tiene chances de avanzar el juicio si el Estado argentino no avala una declaración de certeza de los hechos.
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