El estatuto contempla la seguridad social para los gestores culturales, garantiza la libertad de creación como un derecho irrenunciable de los pueblos; impulsa el libro, el fomento a las actividades de lectura y escritura, así como la oralidad y narrativa.
Asimismo, la Ley reconoce los derechos laborales de los trabajadores de la cultura y el patrimonio, al tiempo que promueve el cine nacional y las expresiones de cultura y arte, como derecho de identidad.
Las competencias, atribuciones y obligaciones del Estado, los fundamentos de la política pública orientada a garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la interculturalidad, están contemplados en el reglamento.
Al mismo tiempo, ordena la institucionalidad encargada del ámbito de la cultura y el patrimonio a través de la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura e incluye a la comunidad migrante con derechos culturales.
El ente rector de la cultura será el encargado de implementar las políticas públicas nacionales para quienes están dentro y fuera del país, explica una nota de prensa divulgada en la página de la Asamblea Nacional.
Según especificó Ximena Ponce, ponente del proyecto y vicepresidenta de la Comisión de Educación, se hacen precisiones en lo referente al Sistema Nacional de Bibliotecas, que estará bajo el régimen de la Red Nacional de Cultura.
En cuanto a la Casa de la Cultura, precisó que se garantiza su autonomía administrativa y financiera, mientras la elección y designación de representantes de esa institución estará a cargo de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya no del Consejo Nacional Electoral, como era anteriormente.
El informe final será enviado en los próximos días al Ejecutivo para su sanción u objeción.
En 2012, las 24 provincias del país sometieron a consulta pre-legislativa el proyecto de Ley de Cultura, proceso que fue sucedido por un informe para segundo debate.
Luego, en 2013, la Comisión de Educación fue designada para presentar el alcance del reporte y en ese sentido se realizaron talleres en 23 provincias del país, a fin de recoger nuevos insumos y aportes de los sectores involucrados y el 21 de septiembre de 2016, se aprobó el articulado y el alcance del informe para segundo debate del proyecto.
