La decisión la tomo la ministra de Salud bonaerense, Zulma Ortiz, mediante la resolución 2095 del 19 de octubre. Cuando la medida se hizo pública por distintas presiones políticas y morales, la Gobernadora resolvió vetar la adhesión a este protocolo de cumplimiento obligatorio por disposición del Ministerio de Salud de la Nación.
Integrantes de organizaciones feministas, políticas y sociales se manifestaron frente a la Gobernación para exigir se efectivice la resolución y se aplique el protocolo de aborto no punible en la Provincia.
La iniciativa de la ministra de Salud Zulma Ortiz fue un avance muy positivo en la política sanitaria destinada a que las mujeres y personas trans con capacidad de procrear accedan a su derecho legítimo a un aborto legal. La medida sería aplicable en los hospitales públicos bonaerenses para todas las mujeres cuya salud o su vida corra riego si persiste la continuidad de un embarazo, en casos de embarazos inviables o en casos de mujeres o personas trans que sufrieron violencia sexual. Los y las médicos/as que se califiquen objetores de conciencia deben avisarlo previamente y no negar el acceso al derecho a abortar a las mujeres que se presenten en los centros de salud.
Desde 1921 en Argentina el aborto está permitido y es legal en caso de embarazo provocado por violencia sexual y cuando hay riesgo para la vida o la salud de la persona gestante. Es un derecho consagrado en la normativa y que el Estados nacional, provincial y local debe asegurar por todos los medios para que las personas puedan acceder sin obstáculos. El pasado 19 de octubre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires adhirió a través de su máxima responsable, Zulma Ortiz, al protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE), aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015. Con resolución 2095/2016 se dictó su aplicación obligatoria para todos los efectores de salud del sistema público de la provincia.
Pocos días después, la resolución de Ortiz fue echada por tierra por decisión de la Gobernadora provincial, aparentemente por las presiones políticas que recibió por parte de la Iglesia Católica y desde el corazón mismo de su equipo de gestión. Todos los rumores apuntan a Julio Conte Grand -el secretario de Legal y Técnica fuertemente ligado al Opus Dei- y a su par Joaquín De La Torre, de Producción.
Este lunes, las organizaciones vinculadas a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y la campaña contra las violencias hacia las mujeres se manifestaron frente a la sede de Gobernación para exigir la adhesión al protocolo. ANDAR estuvo presente y recogió algunos de los testimonios.
“Nosotros sabemos muy bien de la necesidad de la aplicación de esta normativa. Acompañamos a mujeres a los hospitales para poder realizar esta práctica y en muchos casos, dentro de La Plata y en la provincia, son discriminadas, maltratadas. Los médicos/as son objetores de conciencia. En varias ocasiones hemos denunciado a la jefa de obstetricia del hospital Policlínico San Martín, la Dra. Adelaida Soria, ya que para ella una mujer violada es responsable de lo que le pasó. Para nosotras eso es violencia institucional. Esta resolución ministerial serviría para que toda la red sanitaria deba atender a las mujeres de forma obligatoria. Puede ser que haya médicos que se nieguen a realizarlo pero la resolución plantea que la deben atender, la deben informar y algún médico debe realizar la práctica, sin judicializar el caso”, expresó María Julia Constant, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Mónica Beresowsky, delegada de CICOP, leyó el documento que el gremio de los y las profesionales de la salud elaboraron cuando vetaron la resolución: “Desde CICOP vimos con optimismo el paso que se daba ya que, entre los objetivos de la resolución, se destacan: garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva sin discriminaciones; reducir la morbimortalidad por aborto de las personas gestantes, especialmente por abortos inseguros; ajustarse al fallo F.A.L. (2012) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sostiene que es el Estado, como garante de la administración de la salud de la población argentina, el que tiene la obligación de poner a disposición las condiciones para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura, remover las barreras administrativas y fácticas que obstaculicen la práctica. Asimismo, marca la necesidad, en ese sentido, de actualizar la Resolución 3146/12 de la provincia, adecuándola al Protocolo de Nación que recepta los últimos estándares médicos, bioéticos y legales en la materia.(…)
Desde nuestro gremio, comprometidos con la Salud Pública gratuita, de calidad y accesible a toda la población, reclamamos enfáticamente a la Gobernadora que sostenga la Resolución 2095/16, realice la publicación de la norma en el Boletín Oficial y se comprometa en el efectivo cumplimiento de la misma. La población que accede a los servicios públicos de la Provincia de Buenos Aires merece los mismos estándares de atención que se ofrecen a nivel nacional. Los y las profesionales que trabajamos comprometidos con los derechos de la población exigimos la aprobación de las normas que respalden nuestra labor”.
En Argentina, según datos recabados por las organizaciones, unas 500 mil mujeres abortan por año en condiciones de clandestinidad, lo que convierte a esta práctica en la primera causa de mortalidad en mujeres gestantes. Que el aborto sea ilegal no evita que suceda.
