"Una orden administrativa emitida por la prefectura de Calais el primer día de la demolición estipula que se bloquea la entrada a todos excepto a los que habían obtenido una autorización, propuesta hecha a los periodistas e instituciones pero no a los abogados", ha revelado este lunes el periódico británico The Independent.
Asimismo, ha precisado que la orden, que decreta la creación de una “zona protegida”, fue emitida bajo la ley sobre estado de emergencia que busca prevenir las “amenazas terroristas”.
Según el diario, la orden fue llevada a cabo por la Policía francesa que ha negado la entrada de decenas de abogados, así como varios trabajadores sociales y organizaciones no gubernamentales (ONGs) al campo Calaic (norte), conocido popularmente como La Jungla, mientras los responsables del referido campo, sin dar explicaciones, también se han negado a emitir autorizaciones por escrito solicitadas por los magistrados.
Los abogados de derechos humanos que representaban a varias organizaciones han hecho un llamamiento conjunto en una corte francesa, donde estaban discutiendo la orden, ha indicado el rotativo.
De esta manera, los magistrados han solicitado a las autoridades francesas la pronta retirada de dicha prohibición, al argumentar que es “ilegal” bloquear el acceso a los observadores legales aplicando la ley de emergencia.
Los abogados, además, han considerado esta medida de las autoridades francesas como una “violación grave de los derechos humanos”, ya que priva a los refugiados de una asesoría legal.
“El rechazo a la presencia de los observadores legales se ha realizado en una situación en la que el riesgo de error es enorme”, han criticado.
A finales del pasado mes de febrero, la Administración francesa, respaldada por una decisión de la Corte, empezó la evacuación de la zona sur de La Jungla, mientras durante el acto los agentes policiales violentamente obligaron a los refugiados a salir de sus tiendas; algo que provocó el rechazo de varias organizaciones pro derechos humanos.
