En territorio bonaerense hay unas quinientas bibliotecas populares reconocidas oficialmente. Históricamente, cada una de ellas, recibía un subsidio para poder subsistir, sin embargo desde el cambio de gobierno y el ascenso de Alejandro Gómez como ministro de Gestión Cultural, las partidas de dinero comenzaron ser cada vez más esporádicas.
En ese contexto, en junio, las bibliotecas se organizaron y luego de varias protestas, logaron que la provincia desembolsara los seis meses de subsidios que les debía. Desde entonces no se pagó más y, ahora, la crisis se hace insostenible para dichos centros comunitarios.
Esta semana, las bibliotecas nuevamente se organizaron para hacer visible la situación y para reclamarle al gobierno provincial que regularice la situación, ya que además de no contar con los recursos, las instituciones deben afrontar los gastos de los servicios públicos con el aumento ya de público conocimiento.
Panorama complejo
Luis Zurueta, presidente de la Federación de Bibliotecas Populares de Buenos Aires, explicó que con los subsidios se cubre parte de los salarios y las cargas sociales de los bibliotecarios.
“A este Gobierno le cuesta entender que somos entidades culturales sostenidas con el esfuerzo de los propios vecinos. Un bibliotecario debe cobrar de bolsillo entre 14 y 15 mil pesos, y son las comisiones directivas las que terminan haciéndose cargo de toda esa situación, cuando deberían ocuparse del desarrollo cultural y social, y de la promoción de la lectura en los barrios”, remarcó.
Asimismo, Alberto Alba de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas La Plata y la Biblioteca Popular Mariano Moreno, pidió “a bibliotecas, entidades y centros culturales que nos acompañen para exigir el pago inmediato de los subsidios que se aplican al pago de sueldo de las bibliotecarias y que adeuda la Provincia desde el mes de mayo. Hasta el momento hemos agotado todas las instancias de diálogos con autoridades sin resultado alguno”.
“Los y las bibliotecarias que desde hace seis meses están sin cobrar sus salarios, mantienen las bibliotecas abiertas para no paralizar en forma definitiva la actividad”, sumó por su parte Noel de la Biblioteca popular Rivadavia de Escobar.
A estas declaraciones se suman las de Maximiliano Gallosi, secretario general de la Federación de Entidades de Bien Público de Berisso, quien afirmó que “ahora con el tema de los subsidios y depósitos de dinero, los expedientes tienen que hacer el camino administrativo como en todos los ministerios. El Ministerio de Cultura tiene que pasar al Ministerio de Economía, lo manda a la contaduría general, de acá pasa a la tesorería, y de acá al Banco Provincia. Antiguamente el Instituto a través de su contaduría y tesorería hacía el depósito automáticamente sin vueltas”.
“Quienes ocupan cargos políticos reciben un salario, cosa que no está mal, pero nosotros como dirigentes comunitarios no percibimos ningún salario. Dejamos muchas horas de nuestras vidas y hasta ponemos plata de nuestro bolsillo. Este ninguneo nos duele profundamente”, concluyó Gallosi.
Reclamo por una Ley
Asimismo, los bibliotecarios también reclaman por la inmediata reglamentación de la nueva Ley 14.777, que crea el Sistema Provincial de Bibliotecas.
La norma, sancionada en agosto del año pasado, declara la lectura como un derecho humano y aumenta considerablemente los fondos para las bibliotecas populares, entre otros beneficios. Sin embargo, Vidal prefiere mantener vigente el decreto-ley de la última dictadura para seguir regulando la actividad.
“Entendemos que no se quiere implementar porque no sería de conveniencia en un contexto de políticas de Estado cada vez más regresivas”, sostuvo Manuel Negrín Manuel Negrín, de la asociación civil La Grieta y la Biblioteca Popular La Chicharra, aunque aclaró que “persistiremos en el reclamo por este derecho adquirido, como también lo haremos con el tema de los subsidios adeudados. No me cabe ninguna duda de que, si las bibliotecas no reclaman, esos fondos irán a parar a otro lugar”.
