Este decreto hace frente al permiso concedido a la empresa transnacional Monsanto para la siembra comercial de 253,500 ha de soya genéticamente modificada resistente al glifosato, emitido en 2012 por la Sagarpa con la aprobación de la Semarnat para siete estados del país, entre ellos Yucatán. Desde entonces, este permiso ha sido objeto de un amplio rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad yucateca, peninsular y de México en general, así como de los organismos federales especializados –INE, Conabio y Conanp–.
Si bien la Sagarpa y la Cibiogem son las instituciones facultadas por la Federación para establecer zonas libres de transgénicos, éstas han desoído y discriminado a las comunidades mayas yucatecas que se las solicitaron desde el año 2012 de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Dicha solicitud fue debidamente respaldada por los cabildos de sus respectivos municipios, doce en total, y por el gobierno del estado de Yucatán, llenándose todos los requisitos y justificándose amplia y oportunamente; a la fecha sigue si ser tomada en cuenta. De igual forma, el gobierno de Yucatán, en atención al generalizado rechazo ciudadano a los transgénicos, solicitó en reiteradas ocasiones a la Federación la celebración de Convenios de Coordinación en materia de organismos genéticamente modificados, tal como lo establece el artículo 25 de dicha ley; esas solicitudes no encontraron respuesta alguna por parte de las autoridades correspondientes.
Debido a lo anterior y con el fin de subsanar la inoperancia y la desatención de las instituciones a cargo, el gobierno del estado emitió este decreto que era no solo necesario sino urgente, ya que, como lo reconoce la SCJN en su sentencia de amparo emitida el 4 de noviembre de 2015, “existe evidencia suficiente para considerar que la siembra de soya genéticamente modificada resistente al herbicida denominado glifosato, constituye un proyecto de impacto significativo, debido a la potencial afectación que pueden resentir las comunidades indígenas involucradas.” Estudios sobre la contaminación del agua del subsuelo sugieren además, que este impacto es ya extensivo a la población que vive en las ciudades como Mérida, Campeche, Valladolid, Cancún y Chetumal.
Por ello calificamos este decreto como valiente, responsable, oportuno y bien sustentado no solo en su pertinencia y la legitimidad que le otorga el respaldo social, sino en diversos instrumentos legales como el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Constitución Mexicana, la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley de Protección del Medio Ambiente del Estado de Yucatán.
Con esta medida el gobierno del estado responde favorablemente a la demanda ciudadana de respeto a los derechos a la alimentación de calidad, a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, al trabajo y al derecho a la autodeterminación de la población maya. Por milenios los mayas desarrollaron la milpa, patrimonio biocultural y tecnología agropecuaria, que hoy vuelve a emerger como modelo de producción orgánica agroecológica, para transformar uno que ha resultado dañino para la salud, la cultura, el medio ambiente y la economía, basado en transgénicos, fertilizantes químicos, plaguicidas monocultivos y deforestación. Además, la milpa maya se integra perfectamente con el sistema peninsular de producción y exportación de miel, conformado por más de 15 mil familias apicultoras, y que constituye para la mayoría de éstas su principal fuente de ingresos.
La medida se alínea con la opinión y los programas de los órganos especializados nacionales e internacionales –la agenda 2030 de la ONU por ejemplo– que claman por cambios al modelo de producción agropecuaria industrial, y señala una ruta de gran potencial económico para satisfacer una ávida demanda de alimentos sanos para el mercado local y el de exportación. Este es un decreto vanguardista que coloca al estado de Yucatán en el único camino que puede hacer frente al cambio climático; social, ambiental y culturalmente saludable y que logra satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras.
Las y los abajo firmantes invitamos a los demás gobiernos estatales, especialmente a los de Campeche y Quintana Roo, a los gobiernos municipales, a la sociedad civil organizada, a todos los sectores productivos, a las comunidades originarias, a la academia y centros de investigación, a la sociedad en general y por supuesto al gobierno Federal, a que se sumen a este proyecto social, cultural y ambientalmente saludable, sustentable y respetuoso de los derechos humanos en general, y muy particularmente de los derechos de los pueblos indígenas de México.
