Los delitos de lesa humanidad se consumaron entre 1975 y 1976 y tuvieron como víctimas a ocho personas en la ciudad de Mar del Plata, en el período señalado.
En tanto, el ministerio representado por los fiscales Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Eugenia Montero, solicitó penas de nueve, cuatro y medio y tres años para los tres restantes, también acusados de integrar una asociación ilícita, entendida como un acuerdo implícito de voluntades para delinquir y poner en riesgo la tranquilidad de la población.
A lo largo de tres jornadas de audiencias, los fiscales pidieron para Demarchi la pena de prisión perpetua, como jefe y organizador de esa asociación ilícita y coautor de los homicidios conocidos como "el 5x1", que tuvo como víctimas a Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorque Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, y la privación ilegítima de la libertad y posterior asesinato de María del Carmen Maggi.
La misma pena se requirió para Mario Ernesto Durquet, acusado además de ser coautor de la asociación ilícita, por los homicidios del "5x1", de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, y de Maggi, previo secuestro violento.
Igual condena se pidió para Juan Pedro Asaro por la privación ilegítima de la libertad de Maggi y su posterior homicidio; y para Raúl Arturo Viglizzo y Raúl Rogelio Moleón –quien siguió la instancia de alegatos por videoconferencia desde Marcos Paz- por ser coautores de los homicidios de la noche del "5x1".
En tanto, para Fernando Alberto Otero se requirió la pena de prisión perpetua, no por asociación ilícita –más allá de que pudo integrarla- ya que pesa sobre él una condena por el crimen del diputado Ramón Rojas en San Juan, donde un grupo de miembros CNU acudieron para matarlo, sino por todos los homicidios juzgados en el proceso.
Para el abogado José Luis Granel, Juan Carlos Asaro y Roberto Alejandro Justel, se solicitaron penas de nueve años, cuatro años y seis meses y 3 años, respectivamente, por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita.
Entre los fundamentos, el Ministerio Público remarcó que “la asociación ilícita que se enmascaró en CNU se entramó en el Estado, que tenía una política en todo el territorio de eliminación del oponente ‘subversivo’. Y el crimen, al enmarcarse en un ataque sistemático a la población civil se convierte en crimen de Estado”.
Por otro lado, se alegó que la asociación ilícita "actuó con aquiescencia del Estado" y se identificaron los cuatro estamentos "que la nutrieron, con logística y recursos: la Fiscalía Federal, la Universidad -donde algunos ocupaban cargos importantes y otros ingresaron como contratados para supuestas tareas de "seguridad"-; la CGT y gremios; y las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas".
