El presidente dominicano, Danilo Medina, vetó la semana pasada el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, lo que ha abierto un nuevo debate sobre este tema en el país, que registra uno de los mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo y el parto en la región.
A través de un comunicado, la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, reiteró hoy su apoyo al veto presidencial ya que, según dijo, “se trata de la defensa de la salud de la mujer, pues la práctica del aborto inseguro es causante del 10 por ciento de las muertes maternas en el país”.
La funcionara defendió el aborto en tres causales o circunstancias: cuando la vida de la mujer está en peligro, si hay mal formaciones severas o cuando el embarazo es producto de violación o incesto y el hecho ha sido denunciado ante la justicia.
“El aborto terapéutico es permitir que la mujer siga viviendo”, dijo.
Explicó que la cartera que dirige elaboró el borrador de los protocolos que regirán la interrupción del embarazo si es despenalizado el aborto en las circunstancias que defiende el Gobierno.
El Código lo permitiría cuando sea necesario interrumpir el embarazo a una mujer cardiópata o que está superando un cáncer o cuando tiene cualquier otra condición grave de salud.
En esos casos “el aborto terapéutico equivale a salvar la vida de la mujer”, indicó.
No obstante, dijo que se trata de un procedimiento que debe hacerse bajo los preceptos científicos y en el caso de violaciones o incesto es una decisión de la mujer y la familia, de suerte que si se realiza, debe hacerse de manera segura.
“Considero que los legisladores deben cumplir con su deber de garantizar la salud de las mujeres. En el Congreso hay muchos legisladores médicos y ellos saben lo que se debe hacer. Sin embargo, despenalizar el aborto no da licencia ni a médicos ni a las mujeres para realizar esa práctica”, reiteró.
Argumentó que no son necesarias las discusiones de diversos sectores en el tema del aborto, “debido a que por encima de cualquiera otra consideración, lo más importante es preservar la vida de la mujer”, indicó.
En una carta enviada la semana pasada al Congreso Nacional, el presidente pidió a los legisladores que reconsideren el tema y aprueben que este se realice en determinadas circunstancias.
Esos supuestos se refieren a que la madre pueda abortar cuando el embarazo sea producto de violación, rapto, estupro o incesto, que su interrupción se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y siempre y cuando el hecho haya sido denunciado o se compruebe que la víctima fue imposibilitada de hacerlo.
También, cuando una malformación congénita del feto, previa certificación médica, demuestre que la vida del concebido se considere inviable; además, cuando se agoten todos los medios “científicos y técnicos” disponibles para salvar ambas vidas, “hasta donde sea posible”.
La decisión de Medina, calificada de “valiente” por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, ha provocado un aluvión de reacciones, a favor y en contra, poniendo de manifiesto la división que genera este tema en el país.
