Así lo hizo a través de un escrito que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, remitió en las últimas horas al titular de la citada ONG, José Miguel Vivanco, luego de que la entidad solicitara al presidente Mauricio Macri la liberación de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero pasado en Jujuy.
Al mismo tiempo, y en virtud de la objeción que realizara la organización sobre uno de los delitos que se le imputan, el de sedición, por considerar que "atenta contra la libertad de expresión", Avruj respondió que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para modificar esa figura penal "adecuándola a los estándares internacionales", y lo pone a su disposición para que realice "las sugerencias que estime pertinentes".
La semana pasada, el organismo internacional se había sumado al pedido del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, que reclamaban la libertad de Sala por considerar su detención "arbitraria".
Además de destacar la "relevancia" de los organismos en la materia, Avruj consideró que "sus opiniones tienen gran peso en la interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales de los estados en ese ámbito" y que bajo ese principío, el Poder Ejecutivo, la Cancillería y la Secretaría a su cargo "notificó a la justicia de la provincia de Jujuy como el Poder Ejecutivo provincial", de lo resuelto por la ONU.
Sin embargo, aclaró que "excede las facultades presidenciales, fijadas con precisión en la Constitución Nacional, y los principios de independencia judicial reconocidos tanto por el derecho interno como por el derecho internacional, la intromisión en la causa judicial en la cual el Sr. juez a cargo de la investigación
consideró que estaban dados los requisitos para el dictado de la prisión preventiva".
"El respeto irrestricto de la Constitución Nacional Argentina –de la cual los Derechos Humanos forman parte- y, por ende, de un real Estado de Derecho, han sido y serán preocupaciones permanentes de este Gobierno. Por cierto que ello implica, también, tomar debida nota de las peticiones efectuadas por organismos como los antes mencionados, en atención a las cuales, se han llevado a cabo las medidas anunciadas", continúa el escrito.
Aclara también que, de acuerdo a los expedientes que se tramitan en la justicia jujeña, "se advierte que la prisión preventiva que se encuentra cumpliendo la señora Sala no resulta consecuencia de la primera acusación vinculada con el hecho de la protesta social sino que la misma ha recaído en la causa que se le imputan otros graves delitos –corrupción, malversación de caudales públicos, amenazas- y en cuyos expedientes los jueces intervinientes han considerado que, de otorgársele la libertad, entorpecería la investigación".
