Pedro Cabezas, representante de SalvAide, que es miembro del bloque de estas organizaciones internacionales, afirmó que pretenden reunir miles de firmas para que la minera transnacional Oceana Gold, antes Pacific Rim, pague los 8 millones de dólares que adeuda al Estado salvadoreño y salga del territorio nacional.
“Asistimos a la conmemoración de los cuatro ambientalistas asesinados entre los años 2009 al 2011, por oponerse al proyecto minero El Dorado, es por estas personas que encontraron la muerte en una lucha justa por la vida, que estamos integrando este campaña”, señaló.
¿Qué lectura hacen de la sentencia del CIADI a nivel internacional?
Desde el año 2006 al 2007 nos organizamos junto a “Aliados internacionales frente a la Minería en El Salvador “ y desde entonces nosotros hemos estado apoyando al movimiento contra la minería en El Salvador, así como las comunidades organizadas que se oponen a la minería y las comunidades afectadas por los proyectos mineros en diferentes tipos de acciones.
Primero, con una denuncia internacional por los impactos que las empresas multinacionales tienen en el país, específicamente en las comunidades que están siendo afectadas.
En segundo lugar, denunciamos los tratados internacionales que permiten que estas empresas vengan a operar en estos países con impunidad.
Y en tercer lugar, durante la demanda de Pacific Rim que más tarde se convirtió en Oceana Gold ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones) demandamos imparcialidad y señalamos las perversidades de estos tribunales que favorecen a las empresas, porque la empresa minera puede demandar a un Estado; pero el Estado no puede demandar a la empresa y mucho menos pueden demandar las comunidades que sufren el impacto.
¿Cuál será la función de ustedes?
A nivel internacional será esta denuncia, así como el acompañamiento a las comunidades en El Salvador en este caso nosotros habíamos anticipado que la empresa iba a continuar operando en el país, y eso lo establecimos en un comunicado de prensa luego de la decisión del CIADI.
Ahora, estamos en la etapa de denuncia del porque un Tribunal Comercial que le ha dicho a una empresa como Oceana Gold que no puede demandar al Estado salvadoreño; que el Estado salvadoreño tiene la soberanía de poner sus reglas y regular a las empresas en el país y pese a todo esto la empresa no ha pagado los 8 millones de dólares desde hace dos meses. Y en cambio, lo que ha hecho la empresa minera es intensificar su campaña de relaciones públicas promoviendo lo que llaman ellos, “Minería Responsable” es lamentable.
¿Cuáles son las expectativas con la campaña internacional?
Ante este nuevo escenario estamos de nuevo organizándonos a nivel internacional y acompañando las demandas de las comunidades y la sociedad civil organizada (ong´s) que son movimientos que piden que la empresa se vaya del país y devuelva los ocho millones de dólares a El Salvador.
Nosotros lanzamos la campaña de firmas a nivel internacional, donde se le pide a Oceana Gold se vaya del país y respete las decisiones soberanas del pueblo salvadoreño y que mejor contribuya a la investigación de los asesinatos de los ambientalistas ocurridos en el año 2009, y que todavía permanecen en impunidad.
Hasta el momento somos más de 50 organizaciones internacionales que han firmado esta carta y que se hizo pública desde este 19 de diciembre y esperamos que para mediados o finales de enero 2017, tengamos más de 200 organizaciones que se sumen a esta campaña.
Con la recolección de firmas nosotros vamos hacer acciones internacionales frente a las oficinas que la minera Oceana Gold que tienen en los Estados Unidos, Londres, Australia y Canadá, entonces junto a nuestros aliados que son parte del movimiento vamos a presentar estas firmas a la empresa y vamos a seguir denunciando públicamente a nivel internacional la presencia y las operaciones aquí en El Salvador.
¿Por qué las empresas insisten en quedarse pese a la sentencia del CIADI?
Lo que ocurre es que, en El Salvador no hay una Ley de Minería que prohíba esta actividad, aquí solo tenemos un moratorio de facto, pero no tenemos una ley que respalde este moratorio. Y mientras las empresas no sean declaradas ilegales, aquí en El Salvador seguirá manteniendo su derecho a permanecer en el país.
Y todas las concesiones que se le han entregado a las empresas, no importa que algunas estén desfasadas siempre estarán vigentes y no prohibidas.
Lo que queremos es que el Estado salvadoreño, la Asamblea Legislativa discuta la ley de prohibición de la minería metálica y que las empresas se apeguen a las leyes de El Salvador.
¿Cree que Oceana Gold espera un cambio en la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa?
Obviamente si, las empresas mineras tienen una lectura política de todos los países donde ellos operan, de manera sofisticada. Oceana Gold cuando compró el proyecto a Pacific Rim dijo que su especialidad era operar en ambientes sociales complicados y por eso habían adquirido este proyecto en El Salvador.
Hicieron esto en Filipinas donde se tardaron 17 años para abrir un proyecto minero, que era un proyecto muy controversial y donde se estableció que la empresa minera fue responsable de violación de los derechos humanos de la población, de la contaminación del medio ambiente y de abusos laborales en su mina, pues esa misma empresa es la que no se va de El Salvador diciendo que están por la minería responsable.
Esto es parte de las estrategias de las empresas para mantener al Estado salvadoreño de manera legal y diplomática manteniendo la relación con el Estado, aunque sepan que ya no los quieren aquí, porque ellos piensan que el escenario político puede cambiar y como ellos tienen su concesión eventualmente ese permiso lo podrían conseguir. Además, el problema en El Salvador no si la gente quiere o no la minería, el problema es que hay oro y mientras eso pase tendremos a las empresas mineras alrededor de ese proyecto para sacarlo y harán toda clase de uso y trucos para eventualmente lograr extraerlo.
