El informe se denomina "Avances y retrocesos en el derecho a la información pública", conformado por exposiciones de profesionales quienes analizaron los obstáculos para acceder a datos del Gobierno.
Existe una ley en Honduras denominada de Secretividad, amparado en ella el Gobierno decide qué información se puede hacer pública y cuál no. La sociedad demanda que esta ley sea derogada, y así saber a ciencia exacta qué hace el Gobierno con los fondos del erario público.
Uno de los críticos al Gobierno es transparencia internacional quienes exigen que se dé mayor apertura a la sociedad civil y a los medios de comunicación para conocer el manejo de los recursos que tiene el Estado.
Personeros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) también se han manifestado en contra de la forma en que el Gobierno maneja la información pública.
De acuerdo con la Ley de Secretividad, en Honduras existe información clasificada como reservada, la cual se puede mantener oculta hasta por 10 años, tiempo que permite que un hipotético delito prescriba y el funcionario no sea juzgado.
