"La nueva evidencia surge de informes militares confeccionados por la propia dictadura y desclasificados a partir del decreto presidencial 503/2015", detalló el secretario de Relaciones Institucionales del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), Ernesto Alonso, en declaraciones a la prensa.
En calidad de querellante en la causa 1777/07, el Cecim pidió esta mañana dos nuevas indagatorias de militares, que se suman a las diez requeridas el año pasado y sobre las que la Justicia sigue sin expedirse, dijeron a Télam miembros del Cecim.
La comitiva de ex combatientes se presentó esta mañana en la sede del Juzgado Federal de Río Grande, donde se tramita el expediente desde hace 9 años y allí fue recibida por un secretario, ya que el juzgado se encuentra vacante (subroga el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete) y el fiscal federal Marcelo Rapoport, que interviene en las actuaciones, se encuentra de licencia.
"A esta altura existe una clara responsabilidad del Poder Judicial. La causa va a cumplir 10 años en 2017. Las pruebas sobran y son oficiales. No puede ser que uno de los militares imputados haya fallecido antes de ser indagado. Hablamos ya de una impunidad judicial y biológica", afirmó Alonso.
La causa iniciada por los ex combatientes, caratulada "Pierre Pedro Valentín y otro s/ delito de acción pública", investiga unos 120 hechos denunciados por soldados conscriptos al retornar de la guerra, recogidos por oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas que labraban las correspondientes actas.
Entre los documentos desclasificados aparecieron también expedientes, actuaciones de la Justicia Militar y órdenes, de donde se desprenden no sólo "las torturas y tratos inhumanos" sufridas por gran número de soldados sino también las medidas que se adoptaron para que los casos se ocultaran y no salieran a la luz.
"No podemos permitir que los mecanismos de impunidad instrumentados por la dictadura continúen en democracia a través del Poder Judicial", sostuvo Alonso.
Por su parte, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, de la querella del Cecim, calificó al expediente como una "megacausa" en la que "existen 120 denunciantes, 85 hechos comprobados, 12 imputados y ningún avance en los últimos 10 años".
"Basado simplemente en la prueba presentada, que incluye documentos oficiales irrefutables elaborados por las propias Fuerzas Armadas, el llamado a indagatorias surge como un paso lógico dentro de la causa. Algo que debió haberse ordenado hace mucho tiempo", declaró el letrado a esta agencia.
La documentación desclasificada comprende órdenes secretas para silenciar esos hechos, como la impartida el 30 de diciembre de 1982 al V Cuerpo de Ejército por el entonces jefe de la fuerza, Cristino Nicolaides, a la que tuvo acceso Télam. En esta orden, el último jefe del Ejército de la dictadura mencionaba los hechos denunciados como "presuntas infracciones" y disponía que, en caso "de que se acreditare alguna infracción, las respectivas resoluciones no excederán el ámbito disciplinario, dentro de pautas de mesura, guardando la adecuada reserva, de modo tal de evitar su conocimiento en el frente externo y preservar la tranquilidad del frente interno".
