Se cumple un año de la detención ilegal de Milagro Sala, junto a otros compañeros y compañeras de la Agrupación Tupac Amaru, a manos del gobernador Gerardo Morales, con la anuencia del presidente Mauricio Macri.
Se trata de un hecho inédito desde la última dictadura cívico–militar que los convierte en presos políticos, mediante un armado judicial específico para someter a una persona y una organización, con la designación irregular de miembros de la Corte de Jujuy subordinados al gobernador y la complicidad de jueces federales. Esto ignorando, incluso, las indicaciones de inmediata liberación por parte de la ONU, en violación de tratados con jerarquía constitucional y ante el reclamo unánime de Organismos de Derechos Humanos de Argentina e internacionales, lo que convierten a esas detenciones en verdaderos secuestros.
Los días previos a este lamentable aniversario estuvieron caracterizados por una escalada represiva que comenzó con la brutal agresión a trabajadores del Ministerio de Educación de la Nación, que habían decidido hacer una Asamblea en la sede de esa cartera en rechazo a la cesantía de cientos de compañeros y compañeras en virtud del intento del gobierno de suprimir programas de formación docente.
Posteriormente, el intento de desalojo de la Comunidad Mapuche en Chubut, en una verdadera segunda "campaña del desierto" a sangre y fuego, sitiando poblados por parte de la gendarmería y la policía provincial, en defensa de los intereses de monopolios como Benetton. Hecho que dejó muchos hermanos heridos y detenidos.
Asimismo, tuvo que ser separada del cargo en virtud de la difusión de videos en las redes sociales la funcionaria responsable que bailó sobre un escritorio en una fiesta en la Ex-Esma. Hecho que se da en el contexto de políticas que van en desmedro de logros culturales en materia de DDHH, que fueron construidos con la lucha durante más de 40 años y que la derecha viene a tratar de desmontar.
En ese clima aparecen quienes se sienten habilitados para este tipo de actitudes que las máximas autoridades nacionales no pueden avalar sin pagar costos internacionales, pero con los que en el fondo coinciden, con su desprecio a las Madres, las Abuelas y las víctimas, nuestros 30000 desaparecidos. Se expresan en términos de los dos demonios, pero justifican al verdadero que eran los genocidas.
También se quiso desalojar y se reprimió con saña a los manteros en Plaza Once, junto con una extendida campaña de xenofobia motorizada por voceros gubernamentales y sus medios de difusión afines, contra personas que buscan parar la olla en medio de una situación de desocupación creciente. Paralelamente asistimos a una tremenda destrucción de puestos de trabajo como ocurre con el cierre de fábricas, como es el caso en nuestra zona de la emblemática Alpargatas que, por la apertura indiscriminada de las importaciones y las distintas medidas del gobierno en contra del mercado interno, arrojan a cientos de miles a la desocupación.
Por otra parte, la denuncia anónima sobre la presunta intervención de un joven de quince años en el asesinato de otro adolescente de catorce, dio lugar a un recrudecimiento de la campaña, en este caso motorizada por el ministro de justicia, Germán Garavano, y el propio presidente Macri para que se baje la edad de imputabilidad penal que está fijada actualmente en 16 años a 14. Al respecto nos manifestamos, al igual que lo hizo la Iglesia Católica y otras, junto a numerosas organizaciones políticas, sociales y de DDHH contra este intento de retrotraer la política hacia los jóvenes a la que existía en tiempos de Rafael Videla.
A esto se sumó la denuncia sobre la intención del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger de quemar expedientes comprometedores para empresas entre las que se encuentran Shell, Citibank y grandes cerealeras, entre otras, que estaban bajo la mira de la gestión anterior, liderada por Alejandro Vanoli. Y, junto a ello, la decisión del actual directorio del BCRA para que se deje de investigar el rol que cumplieron algunos empresarios en la última dictadura.
Por todo ello, desde el Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia ratificamos nuestra exigencia de Libertad Para Milagro Sala y todos los presos políticos, el cese de la represión a los Pueblos Originarios y a todos los Trabajadores que luchan por mantener sus derechos y contra los despidos. Asimismo exigimos la continuidad de todas las acciones judiciales y administrativas contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y las políticas de Memoria, que han sido conquistadas después de años de Lucha de nuestro Pueblo.
Colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia
