La causa quedó a cargo del fiscal Franco Picardi, cuyos colaboradores informaron fuentes que su paradero en casa de su ex mujer fue detectado a través de intervenciones telefónicas y de e-mails.
La Policía Federal sometió a vigilancia la vivienda durante dos días y ayer la allanó. La mujer negó que Olivera estuviera, pero los policías lo encontraron escondido en un vehículo en el garage.
Olivera había sido hallado culpable, entre otros delitos, por el secuestro y desaparición, en San Juan y en 1976, de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize.
La modelo y militante montonero, según le informó un soldado conscripto a sus familiares, había sido previamente torturada y violada por Olivera y otros militares.
Olivera y De Marchi se fugaron del Hospital Militar Central. Ambos estaban presos en el penal sanjuanino de Chimbas y habían pedido su traslado al HMC para realizarse estudios médicos. Pero se escaparon de dicho nosocomio con la complicidad del personal del mismo y de los agentes penitenciarios encargados de su custodia.
Olivera había sido condenado a cadena perpetua y De Marchi a 25 años de prisión, al finalizar veinte días atrás de su fuga el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan.
A Olivera, que en Buenos Aires había sido un estrecho colaborador del poderoso general Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del Primer Cuerpo de Ejército, se le atribuían vínculos con la Logia Propaganda-2 , y ya se había fugado antes, cuando estaba detenido en Italia.
De Marchi fue recapturado a comienzos de diciembre de 2015, cuando paseaba por las calles Yatay y Rocamora, en el porteño barrio de Almagro.
Preso junto a Olivera en el penal sanjuanino de Chimbas, De Marchi había conseguido que el juez autorizara su traslado al Hospital Militar Cosme Argerich de Buenos Aires so pretexto de ser atendido por supuestas afecciones psiquiátricas, kinesiológicas y dermatológícas.
De Marchi pertenece a una familia de ganaderos correntinos y es hermano del empresario y capitán del Ejército retirado Juan Carlos De Marchi, a quien sus camaradas llamaban "El Electricista" por su habilidad en el empleo de la picana eléctrica.
Juan Carlos, que presidió la Sociedad Rural de Corrientes, recibió en 2008 una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad en su provincia.
Cuando estaba prófugo, Gustavo redactó e hizo circular una carta abierta en la que advertía a quienes lo acusaban que había sido entrenado para quebrar el cuello a una persona con un movimiento de dos dedos de una mano.
