A decir del presidente Rafael Correa, la investigación de este Diario es “un primer paso” para destapar la corrupción confesa de una compañía que ha mantenido contabilidad paralela durante los últimos 30 años y contratos con siete gobiernos, incluido el suyo. La sombra de contratación de la empresa brasileña es enfocada en el discurso presidencial hacia su némesis partidista: “piensen en nombres socialcristianos y podrán armar el rompecabezas”, dijo, motivando a la especulación.
Toda la atención mediática se ha centrado entonces en poner nombre a los sobrenombres publicados por este medio. Aunque no alcance aún la magnitud de la sombra de Odebrecht, cuyos contratos superan los cinco mil millones de dólares. La mayor parte de ellos, en contratos adjudicados durante el gobierno de Correa ($ 1.600 millones).
Rastreado el hilo de Odebrecht hasta 1987, durante su incursión en el país, al mundo político ecuatoriano, de reacción tardía o nula, no le ha costado llegar a la misma conclusión desde el oficialismo hasta la oposición: “necesitamos la integralidad”, exigían voces como la verde flex Alexandra Ocles, en la Asamblea. Los pasillos del pleno, repletos de teorías y conspiraciones, se trasladaron ante las grabadoras de este Diario con satisfacción por los primeros avances de la investigación, pero también impaciencia por conocer “la lista completa. Y eso incluye a la última década”, según la consideración de Christian Viteri, legislador independiente hasta hace poco vinculado con PAIS.
A la carga política aflorada ha respondido la Fiscalía con un intento de desmarque. Su representante y cabeza, Galo Chiriboga, rindió un informe de orden ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para advertir sus intenciones de volver pública la lista de ecuatorianos vinculados a los sobornos antes de que lo hiciera el Departamento de Estado norteamericano, donde reposa la confesión que iniciara la cacería en cadena de nombres: una confesión de haber pagado $ 33,5 millones en coimas entre 2007 y 2016 a funcionarios del Gobierno ecuatoriano. Chiriboga considera que la investigación avanza por el sendero correcto, aunque los nombres se mantengan aún en reserva.
Contrario a las líneas de investigación en torno al tema, cuya maraña alcanza ya distintas tendencias y partidos, el oficialismo en el Pleno ha insistido en la necesidad de focalizar la mirada en el alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Su figura se ha convertido en el saco de boxeo y ensayo de un oficialismo que, de momento, no tiene intenciones públicas de convocar a ninguno de los ocho funcionarios de Gobierno que contrataron con la empresa brasileña en Ecuador por un monto superior al de las seis administraciones nacionales anteriores juntas.
Al margen del bullicio político, para sorpresa de muchos, se ha mantenido la contienda presidencial. Ni Guillermo Lasso (SUMA-CREO), quien en días pasados se desmarcó de su aliado Rodas, vinculado su acercamiento al partido del alcalde y no al Municipio; ni Cynthia Viteri (PSC), que representa en solitario al tradicional partido opositor a quien el Gobierno de turno desvía los dardos de la atención con la primera contratación de Odebrecht en el país, durante el Gobierno de León Febres-Cordero; ni mucho menos Lenín Moreno, cuyos pronunciamientos sobre el tema han estado siempre limitados y enmarcados en la frontera de la expansión: “un baño de verdad, pero desde 1987”, dijo en días pasados; ninguna de las principales candidaturas ha respondido a los insistentes pedidos de declaraciones sobre el tema por parte de este Diario.
Martinelli y sus hijos, denunciados
El ex secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) Mitchell Doens pidió al Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos, por su presunta vinculación a los sobornos de Odebrecht.
Doens denunció a Martinelli, actualmente diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), a sus hijos Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli, y a tres exministros.
No más peajes para la empresa
La Municipalidad de Lima decidió eliminar un nuevo tramo de peaje en una de las carreteras que construyó Odebrecht en el país y donde se han levantado protestas desde hace dos semanas.
En el populoso distrito de Puente Piedra se cobraran cinco soles (unos 1,5 dólares) por cada entrada y salida. El alcalde, Milton Jiménez, dijo que “la decisión es un triunfo del pueblo, Lima no va a pagarle a la corrupción de Brasil”. El cobro del peaje fue una condición impuesta por la empresa en 2013.
