Según datos actualizados del Sistema Integrado de Información Penitenciaria (Infopen), en 2014 Brasil tenía 622.000 presos – la cuarta mayor población carcelaria en el planeta -, y presentaba un déficit de 231.000. Ciertamente estos números a día de hoy son mayores. Un salto significativo en el número de personas encarceladas ocurrió con la aprobación de la Ley de Drogas (11.343), en 2006. Según el informe divulgado por la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch, en 2005, un 9% de los presos en Brasil estaban detenidos por crímenes relacionados con drogas. Casi diez años después, en 2014, este número se elevó al 28%. El documento alerta además que “las condiciones inhumanas en las prisiones y cárceles brasileñas son un problema urgente”.
Negocios
La propuesta de privatización de las cárceles, por medio de las llamadas “alianzas público-privadas” (APP), o a través de la llamada gestión compartida – en que el Estado terceriza servicios básicos como alimentación, limpieza, manutención técnica, entre otros -, prometía la creación de más cárceles, por lo tanto más espacios, y un costo por preso menor que la media nacional en las prisiones de los estados, además de un “tratamiento más humano”. Pero en la práctica, lo que ha sucedido no es exactamente eso.
En los Estados Unidos, por ejemplo, donde estas experiencias iniciaron en los años 80, ya se pudieron analizar las ventajas y desventajas de estos modelos. En agosto de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que dejará de usar prisiones privadas para presos bajo custodia federal. Aunque esta medida afecte una pequeña parte de la población presa, ya que la mayoría está bajo custodia estatal, fue vista como una acción simbólica y que representa un cambio de mirada en la gestión carcelaria. En un memorando, la subsecretaria de Justicia, Sally Yates, afirmó: “No ofrecen [las cárceles privadas] el mismo nivel de servicios correccionales, programas y recursos, no presentan reducción significativa de costos y no mantienen el mismo nivel de seguridad y protección.”
En Brasil, existen 24 unidades funcionando con APP, con casi 14.000 presos, según informaciones de la Asociación Brasileira de Empresas Especializadas en la Prestación de Servicios a Prisiones.
La empresa Umanizzare, responsable por la gestión de parte del Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), en Manaos, lugar de la rebelión que terminó con 56 muertos, administra otras seis prisiones: cuatro en Amazonas y dos en Tocantins. Los contratos de concesión administrativa son de 27 años con la Secretaria de Estado de Administración Penitenciaria (Seap), pudiendo ser prorrogados hasta 35 años.
El Ministerio Público solicitó al gobierno amazonense el cese de los contratos, pues hay sospechas de irregularidades como sobrefacturación, mal uso de dinero público, conflicto de intereses empresariales e ineficacia en la gestión. Según el MP, la Umanizzare recibe 1.456 dólares por mes para cada preso del Compaj, siendo que la media nacional es de 2,4 mil, de acuerdo con las informaciones del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). En Tocantins, el Tribunal de Cuentas del estado ya aceptó el pedido del Ministerio Público para realizar una auditoria operacional en el sistema carcelario.
Según Julita Lemgruber, socióloga y Directora general del sistema penitenciario de Rio de Janeiro entre 1991 y 1994, la privatización es el peor de los mundos porque trae la ilusión de que es rápido y fácil construir nuevas unidades carcelarias y colocarlas en funcionamiento. “El problema es que eso tiene un costo para la sociedad. Estos contratos de asociación público privada son de 29, 30 años, o sea, el Estado se compromete a mantener aquellas prisiones con ocupación total por décadas”, afirma.
Pionero
La primera cárcel brasileña en operar bajo la gestión regida por las APP, y siendo privatizada desde su construcción, no opera como las prisiones en Manaus, que son de gestiones compartidas.
Localizado en Ribeirão das Neves, región metropolitana de Belo Horizonte (MG), el complejo carcelario completó cuatro años en enero, con 2.016 presos en tres unidades: dos para régimen cerrado y una para régimen semiabierto.
La empresa Gestores Prisionais Associados (GPA) recibe del gobierno de Minas Gerais el valor de 1.085 dólares por detenido. Allá, no hay problemas de rebeliones, pues no opera en situación de sobrepoblación – datos del Infopen indican que la tasa de ocupación de los establecimientos en cogestión o privados es, en promedio, del 131%, cuando la media nacional es del 161%.
Julita cuenta además que existe una selección rigurosa de los presos que irán a cumplir pena en las instalaciones en Minas. “Ellos solo aceptan un tipo de perfil, que es el preso que no va a presentar ningún tipo de problema. Ellos tienen mucho cuidado en filtrar quien va a una prisión privada; y así, ella opera normalmente. Si tuviéramos prisiones públicas con este tipo de filtro, seríamos ejemplares también. Y además recibiendo valores mucho más altos que el costo de un preso en una prisión pública”, defiende la socióloga.
Además de eso, el cuestionamiento que se levanta es que, toda la lógica de privatización impulsa un mayor encarcelamiento y el desguace de las unidades públicas, encarando todo el modelo de reeducación de los privados de libertad como un negocio. “ Brasil acostumbra a ver sus problemas a corto plazo. Nosotros tenemos que mirar a largo plazo, y la privatización es un pésimo negocio económico. Además de lo que nosotros sabemos, en los Estados Unidos, por ejemplo, esta relación de ilegalidad y corrupción entre las empresas y los políticos es marca de la privatización. Hay innumerables investigaciones que muestran que esas organizaciones acaban luchando por un endurecimiento de las leyes porque quieren mantener sus cárceles con 100% de ocupación. Y algunas de esas prisiones privadas, justamente con el objetivo de obtener mayor lucro, cortan costos, pagan peores salarios y cortan servicios”, resalta.
El margen de lucro de las empresas que operan en los centros penitenciarios brasileños es de, por lo menos un 8%, según datos extraídos del informe de la CPI del Sistema Carcelario, actualizados al 2015.
Falla de la justicia criminal
Para la socióloga Julita Lemgruber, en las últimas décadas no hubo ninguna inversión adecuada en la estructura carcelaria, pero es necesario relacionar la crisis también al mal funcionamiento del sistema de justicia criminal en Brasil. “Nosotros tenemos una cantidad vergonzosa de presos provisionales (40% del total), por ejemplo. Y nosotros ya comprobamos, mediante investigaciones, que la mayor parte de ellos, cuando son juzgados, acaban recibiendo una pena diferente que la pena de prisión. O sea, ellos están presos provisionalmente de forma absurdamente irregular e ilegal. Uno de los problemas en Brasil es la falta de respeto a nuestras leyes”, afirma, citando todavía el trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC), titulado Ministerio Público: guardián de la democracia brasileña?, en que se demostró que el órgano no cumple las funciones que le fueran encomendadas en la Constitución de 88. “Lo que se percibe es que las personas que integran el MP y el Poder Judicial son miembros de la élite, una élite que es reaccionaria, conservadora y punitiva”.
*Por Nina Fideles, Brasil de Fato
