Los manifestantes recorrieron importantes avenidas de esta capital y cerraron el paso a la sede del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), antes de concluir en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura y de la Casa Presidencial, donde prevén pernoctar hasta mañana.
La principal demanda de los salubristas es la recontratación de unos mil empleados despedidos, según la líder del Frente Nacional de Lucha (FNL), Dora Ruano.
En declaraciones a los periodistas, la sindicalista definió que este movimiento pretende erigirse en una medida de presión por tantos despidos y anunció que solicitaron una reunión con el presidente Jimmy Morales y la titular del MSPAS, Lucrecia Hernández, para analizar el tema.
Durante una conversación con Prensa Latina, la enfermera del Hospital Nacional de Malacatán, departamento occidental de San Marcos, Aida de León, comentó que por 11 años ella ha sido víctima de ese sistema de despidos y recontrataciones, como consecuencia del cual no tiene beneficios de vacaciones, aguinaldos y otras prestaciones.
El MSPAS tiene un problema estructural hace varios años, por lo que cada año se tiene que realizar un proceso de recontratación, porque la mayoría de empleados están por contrato, admitió la ministra.
Sin embargo, enfatizó en que ‘hemos sido claros en que no existen destituciones ni despidos masivos, vamos a recontratar a más del 98 por ciento de las personas que prestan servicios’.
Este año son 30 mil personas las que deben ser recontratadas por el renglón presupuestario en el que laboran, señaló y añadió que las unidades de Recursos Humanos y el Viceministerio Administrativo trabajan en el caso, para evitar que los afectados demoren en recibir su salario hasta marzo como ocurría en gobiernos anteriores.
El viernes Hernández recibirá al liderazgo del FNL para analizar estos y otros temas, en una reunión a la cual invitó a otros grupos sindicales y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría Privada y de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.
