El 31 de enero, la organización internacional Global Witness presentó un nuevo informe sobre la situación de las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Honduras. El fin de semana anterior había empezado a circular en las redes sociales un cartel en el que se acusaba a los miembros de las organizaciones hondureñas Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPAH), Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC) y Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), así como a Global Witness, de desacreditar al país, ser aliadas de grupos radicales y financiar campañas de difamación contra Honduras. El 1 de febrero, Amnistía Internacional pidió a las autoridades hondureñas que reconocieran públicamente la importante y legítima labor que realizan estos defensores y defensoras de los derechos humanos.
El 2 de febrero, la campaña de difamación contra las organizaciones aumentó de intensidad después de que un miembro de Global Witness y dos miembros de MILPAH aparecieran en un programa de televisión matutino hondureño. Los participantes en el programa criticaron el informe de Global Witness y dijeron que los pueblos indígenas y las organizaciones que lo respaldaban eran mentirosos, contrarios al desarrollo y enemigos del pueblo hondureño que busca trabajo e intenta salir de la pobreza. Los miembros de Global Witness dijeron a Amnistía Internacional que, después del programa, varios periodistas les hicieron preguntas utilizando el mismo lenguaje estigmatizador empleado durante el programa televisado.
Amnistía Internacional teme que la intensidad de la campaña de difamación contra quienes defienden los derechos humanos, y el silencio de las autoridades hondureñas a la hora de rechazar las declaraciones que estigmatizan sus actividades, faciliten los ataques físicos contra estas personas, especialmente contra los miembros de MILPAH, COPINH y CEHPRODEC.
