Las compañías extractivistas contaminan sus fuentes de agua, además exigen indemnizaciones para todos los habitantes a los que la actividad minera les ha perjudicado su salud.
La indignación de los pobladores se genera por la destrucción de grandes hectáreas de bosques, todo esto con la venia de los alcaldes de las comunidades a quienes denuncian de violadores del derecho a la tierra.
Flora y fauna son eliminadas por la maquinaria que utilizan las compañías hidroeléctricas algunas especies ya se encuentran en peligro de extinción, según los afectados.
Las enormes cantidades de agua que requiere la minería preocupa a las comunidades, ya son muchas los ríos que se han perdido por esta actividad.
Las comunidades indígenas en Honduras viven en una total indefensión, uno de los casos más emblemáticos de esa indefensión es el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres a punto de cumplirse un año de este crimen, las autoridades hondureñas no terminan de esclarecer este caso.
Los tributos pagados por la explotación de los recursos naturales no compensa con el daño que se genera al ambiente.
Según un informe de Oxfam Internacional publicado en el año 2013, las empresas mineras no dejan enormes ganancias al Estado hondureño.
