Según consigna el sitio web Fiscales, el juez federal de Tucumán -subrogante en Salta-, Fernando Poviña, elevó este expediente a la instancia de debate en consonancia con las solicitudes formuladas en la causa por el representante de la querella, Carlos Martín Amad, y el fiscal Francisco Snopek.
Ambos letrados acusaron a Lona en octubre pasado por los delitos de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento de los hechos cometidos en perjuicio de las víctimas, en carácter de autor.
Ragone fue interceptado el 11 de marzo de 1976 cuando conducía por la capital salteña su Peugeot 504, poco después de dejar su casa. Luego de maniatarlo, sus captores lo arrojaron en la parte posterior de su vehículo.
Margarita Martínez y Santiago Arredes, este último propietario de un almacén cercano, salieron a la calle para ver qué ocurría e incluso intentaron defender al ex mandatario provincial, pero los captores dispararon contra ambos: mataron a Arredes de un disparo en el pecho e hirieron a Martínez con una ráfaga de ametralladora.
Los fiscales señalaron que "Lona cerró la investigación después de recibir el expediente policial, y que omitió pruebas relevantes como citar a declarar a la testigo baleada durante los hechos".
"Lona omitió adoptar medidas procesales trascendentes para la pesquisa, controló y seleccionó los procedimientos que debían adoptarse y convalidó irregularidades policiales. Frustró pruebas relevantes para llegar a identificar a los responsables del atentado", fundamentaron los representantes del Ministerio Público.
