El Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, impuesto por Fujimori, engañó, amenazó o forzó a procedimientos quirúrgicos de esterilización a unas 300.000 mujeres de procedencia rural, indígenas o pobres.
“No sé por qué nos dicen que nuestras denuncias son mentiras y la cosa no avanza. Hay autoridades corruptas y por eso lo van archivando, porque pruebas hay bastantes, incluso desde el Ministerio de Justicia, que ha registrado víctimas, mujeres y varones. Pero nuestros documentos ahí se quedan”, denunció a Sputnik Nóvosti Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco.
Según la fiscal Marcela Gutiérrez, encargada del caso, no hay indicios que apunten al delito de lesa humanidad ni “autoría inmediata” por parte del expresidente Fujimori ni de sus ministros de Salud involucrados, por tanto, el caso fue archivado en julio de 2016.
“Todos los médicos y enfermeros trabajaron en ese período de Fujimori lo han negado y entre ellos han tapado todo. Hay algunos que siguen trabajando en algunas provincias, pero el problema es que ellos no quieren decir nada, no quieren ni siquiera mirarnos a la cara o hablar con nosotros. Algunos lo han reconocido, pero se echan la culpa entre ellos: ‘no, yo no he sido, ha sido el otro’. Y se queda en eso”, agregó la activista.
Zúñiga es una de las miles de víctimas que fue sometida a la ligadura de trompas. Algunos testimonios señalan que muchas mujeres fueron atadas y anestesiadas a la fuerza, y a otras las engañaron o las amenazaron, de acuerdo a un reportaje del diario local La República.
“Algunas señoras han adquirido cáncer y otras se han muerto en consecuencia de la ligadura, por lo que queremos seguir luchando por justicia y reparación. Todo esto ha sido bastante doloroso para nosotros”, aseveró Zúñiga.
Las activistas marcharán el próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer para continuar en su lucha, exigir justicia y lograr la reparación.
