“Es lamentable el viraje que se produjo (en la investigación de la Visitaduría General de la PGR), cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, dijo Jarab.
“Debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”, agregó.
Según un comunicado, la Oficina cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR.
Por otra parte, Jarab recordó que el Alto Comisionado, Zeid Raad al-Hussein, hizo énfasis en la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre las que destaca la de investigar la integración del expediente, en la que fueron cometidas irregularidades por el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
A continuación el comunicado completo:
ONU-DH expresa preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la PGR sobre el caso Ayotzinapa
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por las conclusiones de la investigación interna de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación a las irregularidades cometidas durante la integración del caso Ayotzinapa.
“Ayotzinapa es un caso emblemático, sobre el cual recientemente el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Raad al-Hussein, reiteró la necesidad de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre ellas está la investigación de las irregularidades en la integración del expediente por parte de la PGR. Además, debido a la gravedad del caso y del legítimo interés público que existe, los resultados deben transparentarse y hacerse del conocimiento de la sociedad”, dijo Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado.
Según la información con la que cuenta ONU-DH México, la investigación conducida por la Visitaduría General habría identificado únicamente faltas leves, todas ellas calificadas como administrativas, sin que en su dictamen se haya propuesto la apertura de alguna investigación penal. Las faltas administrativas habrían sido cometidas por nueve funcionarios de la PGR, en su mayoría mandos medios (peritos y ministerios públicos), así como por su ex Director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.
Sin embargo, y desde el inicio del caso Ayotzinapa, ONU-DH ha documentado graves violaciones a derechos humanos y patrones en la comisión de las mismas ligadas a la integración del caso.
En este sentido, la Oficina cuenta con elementos de convicción respecto a la comisión de actos de tortura contra numerosas personas procesadas, detenciones arbitrarias, transgresiones al debido proceso y el quebranto del derecho a la verdad, cometidas, entre otros, por funcionarios de la PGR.
Estos hallazgos fueron compartidos con las autoridades correspondientes de PGR desde el año pasado y con el Mecanismo de seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“A pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa”, aseveró Jan Jarab.
ONU-DH reiteró su apoyo a las familias de las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia, así como a las organizaciones que las acompañan; y destacó la necesidad de contar con órganos de control interno e instituciones de procuración de justicia autónomas, independientes, imparciales y profesionales, capaces de investigar con perspectiva de derechos humanos.
También expresó su disposición para seguir colaborando con las autoridades y con el Mecanismo de seguimiento de la CIDH para lograr una adecuada resolución del caso.
