La decisión del Intendente se originó a partir de un pedido formulado en febrero pasado por vecinos del distrito y familiares y amigos de Sebastián Nicora, teniendo en cuenta la imputación penal que pesa sobre Daraio por haber desviado el curso de la investigación sobre la muerte del joven.
José Daraio fue el primer médico que examinó el cuerpo de Sebastián Nicora, a pocas horas de haber sido hallado sin vida en el balneario de Punta Indio. El médico clínico, en 2013, ejercía como perito de la policía bonaerense y fue en ese carácter el encargado de realizar la autopsia para determinar con qué arma había sido asesinado el joven de 16 años.
Según la conclusión de Daraio, la muerte se había producido por un fuerte golpe en la cabeza, hipótesis que se mantuvo vigente durante más de un año y medio; en octubre de 2014, se llevó a cabo una exhumación del cuerpo por pedido de Fernanda Nicora, la madre de la víctima, y luego la reautopsia a cargo de la Asesoría Pericial de La Plata: se determinó fehacientemente la presencia de una bala en la cabeza, algo que según los peritos de Gendarmería -que compararon ambas autopsias- el médico Daraio no podía haber eludido.
Las forenses de la reautopsia determinaron “que la causal de muerte de Nicora Sebastián, de 16-17 años de edad, se produjo por traumatismo craneoencefálico con destrucción de masas encefálica, producido por proyectil de arma de fuego que ingresando por región frontal izquierda realizó una trayectoria de adelante hacia atrás, levemente de izquierda a derecha y levemente de arriba hacia abajo”.
De allí que la actuación original de Daraio provocó un dispendio de tiempo y redundó en una afectación directa al derecho de la familia de la víctima a contar con un servicio de justicia eficiente. A raíz del descubrimiento del verdadero causal de muerte, la madre de la víctima, Fernanda Nicora, presentó en mayo de 2015 una denuncia contra el doctor Daraio por el delito de encubrimiento.
En febrero de 2017, familiares de Sebastián Nicora y vecinos de Punta Indio presentaron un petitorio al municipio para que Daraio fuera sacado de sus funciones como médico con atención al público, pedido que fue aceptado con un cambio de tareas a una sede administrativa hasta tanto se resuelva la causa penal por encubrimiento.
Cabe recordar, por otra parte, que la Comisión Provincial por la Memoria, además de acompañar el petitorio para la remoción de Daraio, presentó en marzo pasado un escrito al Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires para exigir la máxima sanción contra Daraio: la quita de la licencia médica.
“En particular, el artículo 10 del Código de Ética establece el deber de colaborar con la administración pública, en este caso la justicia, por lo cual el accionar del médico contrarió tal disposición al realizar una práctica que, caso contrario, perjudico el bien devenir de la investigación de un homicidio, garantizando por tanto la impunidad del caso hasta el momento”, explicó la CPM en el pedido de sanción elevado ante el Colegio de Médicos.
