Durante la conferencia se convocó a una marcha por justicia a realizarse el lunes 17 de este mes, a partir de las 17:30 horas, al cumplirse dos meses del caso de Nahir.
Durante la marcha también se presentará una denuncia penal contra los funcionarios públicos que intervinieron en las denuncias previas de Nahir sobre su situación.
Esto se debe a que durante la conferencia se denunció que, previo al asesinato de Nahir por parte de su entonces pareja, Iván Agüero, ella se presentó junto a su padre en las oficinas de paridad de género, adonde había sido orientado tras una llamada al 144 luego de que la pareja fuera liberada tras una detención por un hecho de violencia.
Llegaron a las oficinas paridad de género al mediodía Nahir y su padre, quien la acompañaba pues estaba temerosa de realizar una denuncia, apenas sucedido este hecho, por lo que ella se encontraba con los golpes, moretones y con heridas visibles, pero el padre, que esperaba una acción de protección eficiente, observó que a ella "le dieron un número y la mandaron a la casa", constando que luego Nahir volvió a la misma oficina posteriormente.
Distintos protocolos sobre la violencia de género alertan que apenas conocido el hecho hay posibles acciones legales que deben seguirse con urgencia, desde la denuncia hasta la restricción de hogar, pues la experiencia comprueba que las dilaciones llevan a la víctima a la naturalización del hecho, su minimización, o incluso a un sentimiento de culpa que imposibilita alguna reacción contundente, posibilitando la violencia continúe, o incluso continúe creciendo, hasta llegar al femicidio.
En el caso de Nahir, la propia constancia de los efectos de la violencia en su cuerpo mostraban los indicios del trágico rumbo posterior, lo que habilita una denuncia penal hacia las responsabilidades estatales. Para más inri, los abogados querellantes indicaron que Iván Agüero se encuentra todavía detenido pero sin que hasta ahora se le haya dictado la prisión preventiva.
En una Jujuy con 5 casos de femicidio en lo que va del año, ya casi la mitad de todos los del año pasado, y que supusieron entonces un índice de 1,63 femicidios por cada 100 mil habitantes, el más alto del país, las responsabilidades estatales y sociales no son baladí, sino que hacen a la diferencia, para la sociedad, entre el accionar o el derrape, y para la mujer, entre la vida o la muerte.
