Los manifestantes, a través de pancartas y consignas, reclamaron a las autoridades una investigación independiente y que sean apresados y enviados a la Justicia, todas las personas vinculadas en el caso de la transnacional suramericana.
Asimismo, exigieron que retorne al Tesoro dominicano el dinero, que según alegan fue robado al pueblo con “sobrevaluaciones de obras que ha ejecutado en el país Odebrecht desde 2002 hasta la fecha”.
Representantes del movimiento Marcha Verde, organizador de la protesta, también rechazaron el acuerdo entre el Estado dominicano y la constructora brasileña, homologado por un juez esta semana, al asegurar que favorece a Odebrecht y a la agenda política del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Además, plantearon la destitución del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, porque “está actuando” en contra de los intereses del pueblo dominicano.
También acusaron al presidente dominicano, Danilo Medina, de utilizar la “avasalladora maquinaria mediática” y todo el poder del Gobierno para manipular y tratar de desvirtuar las certeras evidencias que lo incriminan como principal responsable, junto a la cúpula de su partido, de los más escandalosos y bochornosos actos de corrupción registrados en el país en los años recientes.
En un documento, el colectivo aseguró que el Gobierno de Medina y sus relacionados en el sistema de justicia “corrupto” manipularon y desnaturalizaron de forma brutal figuras jurídicas del derecho procesal penal vigente con la llamada homologación del acuerdo “de impunidad” entre el Estado y Odebrecht, con la intención de dejar sin efecto la persecución criminal contra los ejecutivos de la multinacional.
Aunque miembros de la Policía Nacional y de otros organismos de seguridad del Estado vigilaron de cerca la concentración, no se produjeron detenciones ni incidentes de importancia.
A la marcha asistieron dirigentes de los partidos políticos de oposición, de organizaciones populares, artistas y diferentes personalidades.
La de este domingo fue la tercera manifestación multitudinaria que realiza Marcha Verde, que precisamente se constituyó como movimiento cívico a raíz de las revelaciones de sobornos que la firma internacional admitió ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en diciembre pasado.
El juez Danilo Quevedo validó el miércoles pasado el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares en ocho años, el doble de lo que admitió pagó en sobornos en el país, y revelar en 30 días los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no sean juzgados localmente.
El acuerdo compromete a Odebrecht a entregar a las autoridades “toda la información que conduzca a determinar coautores o cómplices”.
Horas después del fallo, el procurador Rodríguez expresó su “satisfacción” y aseguró que en 30 días Odebrecht revelará los nombres de las personas que recibieron los sobornos que la empresa aseguró haber entregado en el país entre 2001 y 2014 para hacerse con contratos de obras públicas.
“Esta homologación acelera y agiliza la investigación y nos acerca a los sobornados”, aseguró el funcionario.
El acuerdo estipula que serán sometidos a la Justicia “las sociedades o personas que no formen parte del grupo Odebrecht, sus representantes comerciales, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios y consorciados”.
También, “funcionarios públicos o exservidores del Estado, que hayan recibido o participado en el pago de sobornos”.
