Según denuncian los abogados de Sala, “el agravamiento de las condiciones de detención contradice lo establecido en la Constitución y en los Tratados Internacionales que regulan la privación de la libertad de las personas”.
La defensa de la dirigente social presentó un recurso de Pronto Despacho ante la directora de la Unidad N° 3 del Penal de Mujeres, quien desde hace más de seis meses se niega a informar el inicio de sumarios contra Sala, violando también así su derecho a la defensa, consigna el portal de noticias jujeño, El Submarino.
Esta semana, personal del Servicio Penitenciario ha violado sistemáticamente el derecho a la intimidad de Milagro Sala. Mientras se ducha, le abren varias veces la puerta, lo mismo cuando está haciendo uso del baño. Por la noche entran sin motivo a su celda y la iluminan con una linterna, para despertarla.
Estos son algunos de los hechos que denunció esta semana la diputada del Parlasur, quien además es constantemente seguida por una guardia.
Esto se suma a hechos que ya fueran difundidos públicamente: la amenaza del psicólogo del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Zamar, respecto a una eventual internación psiquiátrica si Sala se negaba a prestar declaración indagatoria; las provocaciones de las celadoras para que las internas peleen entre ellas, y la invención de nuevas causas sin ningún tipo de sustento fáctico ni legal, por mencionar algunos.
El 29 de septiembre de 2016, la defensa de la dirigente social realizó una presentación ante el Servicio Penitenciario para que se los informe de la totalidad del o de los expedientes, sumarios, sanciones y otras actuaciones administrativas relativas a la detención de Milagro Sala. Sin embargo, pasados más de seis meses de realizado ese pedido, no hay respuesta, a pesar de que la unidad carcelaria debe mantener un Registro de Sanciones, tal como lo prevé el artículo 68 del Decreto Nacional 18/97, reglamentario de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660, vigente en la provincia de acuerdo a lo establecido por la ley provincial 5131.
Los abogados denunciaron que la falta de respuesta a esa presentación constituye una violación de los derechos constitucionalmente consagrados de debido proceso y derecho de defensa, incluidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales, con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.
