Si algo quedó claro tras más de 50 años de conflicto armado en Colombia, fue que la cruenta violencia que se vivió en muchas regiones del país tuvo causas y efectos desproporcionados sobre ciertos sectores de la población, especialmente en las mujeres.
Por eso, a pesar de los múltiples detractores y de las voces provenientes de grupos religiosos que pidieron derogarlo por considerar que planteaba conceptos que atentaban contra la institución familiar, Gobierno y FARC mantuvieron el enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz, por tratarse de una herramienta que buscaba un tratamiento diferenciado para garantizar el acceso y la participación activa en la implementación de lo pactado por parte de las mujeres y establecía el derecho a la igualdad y no discriminación sin importar sexo, edad, creencias religiosas, opiniones o identidad étnica.
Con esa consigna de fondo, las partes acordaron el lunes la hoja de ruta para la puesta en marcha de la Instancia Especial que, como quedó establecido en el texto de La Habana, contribuirá al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final. Y en ese camino el primer paso fue abrir la convocatoria –desde el 11 hasta el 21 de abril– para que las diferentes organizaciones de mujeres de carácter nacional y territorial postulen a las candidatas para integrar la instancia, quienes serán puestas a consideración de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi).
El proceso de selección de las siete personas (cuatro de organizaciones territoriales –una de ellas deberá ser víctima del conflicto armado–, dos de carácter nacional y una mujer propuesta por organizaciones LGBTI) contará además con la participación del mecanismo de acompañamiento internacional al enfoque de género, integrado por la representante de ONU Mujeres, la representante del secretario general para la Violencia Sexual en el Conflicto, la Federación Democrática Internacional de Mujeres y Suecia. Los resultados, según el cronograma establecido, serán publicados el 10 de mayo para el orden nacional y el 26 para el territorial.
La instancia se encargará, entre otras cosas, de hacer recomendaciones a la Csivi para garantizar la incorporación del enfoque de género en la implementación normativa del acuerdo y en el Plan Marco de Implementación, realizar informes periódicos y públicos que serán entregados a la Csivi y otras instancias, mantener espacios y canales permanentes de diálogo con las mujeres y organizaciones para construir propuestas y hacer recomendaciones. “Tendrá un carácter independiente y autónomo del trabajo desarrollado dentro de la Csivi, con el objetivo de mantener la imparcialidad y neutralidad en el seguimiento a los enfoques de género y de interseccionalidad”, señalan los lineamientos acordados por Gobierno y FARC.
Asimismo, deberá contar con un reglamento y un plan de trabajo anual –aprobado por la Csivi– que será financiado por el Gobierno con apoyo de la Cooperación Internacional. En cuanto al mecanismo de trabajo, durante los primeros seis meses se realizarán sesiones frecuentes y posteriormente se desarrollarán reuniones periódicas.
Con la puesta en marcha de la Instancia, Gobierno y FARC esperan que la implementación de los planes y proyectos contemplados en el Acuerdo Final no solo ayude al fortalecimiento de la democracia en el país, sino que también contribuya a la igualdad y al reconocimiento de los factores victimizantes y las condiciones que hicieron que el conflicto se ensañara contra las poblaciones más vulnerables.
