En nombre del Ministerio Público Fiscal, Amad recordó ayer que los delitos de desaparición de personas siguen cometiéndose aún hoy, porque se trata de una figura que es "permanente" y no cesa de cometerse hasta tanto no se dé con los restos de los desparecido.
“Hoy no tenemos el cuerpo de todas las personas que están desaparecidas (…), es decir, hoy, la desaparición de personas, que es la privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo, se sigue cometiendo”, subrayó.
Y acto seguido le recriminó a los acusados no haber contribuido nunca, igual que sus instituciones, al esclarecimiento de estos hechos.
“Los desaparecidos están en poder de estos señores (…). La desaparición se sigue cometiendo”, afirmó.
Amad dijo esto en la parte final del alegato del Ministerio Público que, sin embargo, no pudo concluir tampoco en la víspera (debido a problemas técnicos y de salud de los acusados) y pasó para el lunes próximo, día en que, de ser posible, se escuchará también el alegato del defensor oficial Juan Pablo Lauthier.
La sentencia se conocería el 24 de este mes.
Tras el alegato del fiscal Francisco Snopek, que expuso sobre los crímenes cometidos en perjuicio de once personas, volvió a retomar la palabra Amad, quien recordó que en este juicio se juzgan delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo (en la mayoría de los casos supera los 40 años) y por el uso de la violencia, tormentos agravados, violación, y homicidios (figura en la que se engloba a las desapariciones).
Se trata de “delitos gravísimos”, dijo el fiscal, llevados a cabo por el aparato organizado de poder que integraban los seis acusados en este proceso, los militares Héctor Ríos Ereñú, Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, el comandante de Gendarmería Diego Alejandro Varas y los policías retirados Joaquín Guil y Arturo Madrigal.
Amad destacó que en todos los casos las detenciones irregulares fueron cometidas por funcionarios; que fueron “con violencia y con amenazas”, sin orden judicial y que luego los detenidos fueron sometidos a tormentos y otros abusos, antes de decidirse su destino final, la libertad, la continuidad de la detención, la desaparición o asesinato.
“¿Dónde están (los desaparecidos)? En poder de ellos, que todavía los ocultan. Que no nos dicen dónde están. Y no lo dicen porque las instituciones a las que pertenecen los imputados, desde el momento mismo de la usurpación del poder (…) negaron estos hechos. (…) Ni ellos ni los imputados, ni las instituciones a las que pertenecen, han hecho nada para que se esclarezcan estos crímenes. De hecho, hoy día nos siguen ocultando a esas personas que las tienen secuestradas, que las tienen desaparecidas, ocultas en algún lugar”, interpeló el fiscal, que también recriminó que los represores y sus instituciones intenten entorpecer el avance de estos procesos judiciales.
La Fiscalía adelantó que pedirá condena para los seis acusados, porque considera que cada uno de ellos cumplió una función en el plan represivo. “Todo lo que pasó en el Salta, en el sur, en el norte, en el oeste y en el este, tiene que ver con el plan represivo, genocida, con el plan de persecución, de destrucción del oponente”.
Amad ratificó que para llevar adelante el plan represivo en la provincia el Ejército se alió con la Policía, que tenía conocimiento e infraestructura en todo el territorio provincial. Dijo que como el Ejército tenía el control jurisdiccional, una vez reunidos los datos de inteligencia sobre un blanco de la represión, “la orden bajaba directa desde el jefe del área (en este caso la subárea 322-1, cuyo jefe era Ríos Ereñú) al jefe de Policía (Gentil y luego su sucesor, Mendíaz), al (jefe) operativo, que era Guil y a los distintos lugares de donde se secuestraron personas, se torturaron, se trasladaron personas y se mataron personas, de la manera más atroz”.
En esos lugares territoriales se encontraban Varas, juzgado por la detención irregular y tormentas a Raúl Benjamín Osores (desaparecido), y Madrigal, juzgado por el secuestro y desaparición de Sylvia Sáez de Vuistaz. “Cada uno es autor mediato del tramo que le corresponde”, afirmó la Fiscalía.
Un operativo en agosto
El fiscal general Francisco Snopek puso énfasis en señalar la existencia de un operativo de represión llevado adelante en agosto de 1976, por la Policía de la provincia. Recordó que:
El 4 de agosto de 1976 fue secuestrado el joven Carlos Enrique Mosca Alsina, en Salta capital. Al otro dia fue secuestrado en el barrio Tres Cerritos de esta misma ciudad el arquitecto Ramón “Chicho” Gallardo, también desaparecido.
El 10 de agosto de 1976, en General Mosconi, Jorge René Santillán fue arrancado de su casa. Sus captores lo asesinaron poco después e hicieron explotar su cuerpo.
El 12 de agosto, en el barrio Casino de la ciudad de Salta, fue secuestrado el joven auxiliar docente universitario Pedro José Tufiño, y el 13 de agosto, de esta misma ciudad, fueron secuestrados y desaparecidos los docentes universitarios Carlos García y Nora Saravia.
*Por Elena Corvalán, Telam
