El edificio, una ex dependencia de ARBA, sería utilizado para oficinas administrativas del ministerio. Desde hace 10 años, Nelly Gamboa y las organizaciones feministas luchan para que en esa dependencia pública funcione un espacio para atender a mujeres víctimas de violencia machista.
Hace pocos días Nelly Gamboa recibió unas fotografías que alertaron sobre los movimientos que el Ministerio de Economía está realizando dentro del edificio donde fue hallada violada y asesinada Sandra Ayala Gamboa hace 10 años. Albañiles, materiales de obra y la puerta custodiada por la policía.
El lugar permanecía cerrado desde la muerte de Sandra y Nelly quiere que en el lugar funcione un espacio para abordar las violencias hacia las mujeres, como homenaje a la vida de su hija.
Ya la gestión anterior había intentado reabrir el edificio con el argumento de que era un espacio inutilizado por el Estado y que generaba pérdidas. En esta oportunidad, Nelly Gamboa recibió el llamado del director de relaciones públicas del Ministerio de Economía y encargado de llevar las obras, Juan Bosel, quien le notificó que existe una nueva empresa constructora que está interviniendo en las actuales refacciones para reabrir el lugar en 2018 como dependencia ministerial.
El reclamo de Nelly y las organizaciones de mujeres es claro: en el espacio debe funcionar un centro de atención integral destinado a atender a mujeres víctimas de violencias.
“Mi propuesta es que este edificio tiene que llevar el nombre de Sandra y podamos construir una fundación para ayudar a otras mujeres”, expresa Nelly con amargura y cansancio en los ojos, y agrega: “les pedí que me reciban para poder hablar y que me escuchen, soy una mamá, pero no tengo respuesta, ni del ministro ni de la gobernadora. No es posible que reabran este lugar como si nada hubiera pasado, la propuesta que ellos me hacen es poner un monolito en el piso, una placa”.
“Este lugar no es sólo un símbolo del movimiento de mujeres sino es parte de la lucha actual. El reclamo de justicia y de terminar con la impunidad continúa vigente. Recordemos que todavía hay una investigación que tiene que ver con el incumplimiento del deber de los funcionarios públicos de la policía que intervino en la causa y en eso no se avanzó nunca”, expresó Luz Santos, abogada e integrante de la organización Pan y Rosas. “Cada 18 horas en nuestro país muere una mujer por violencia machista. Esta decisión política va en contra de los derechos de las mujeres”.
(ANDAR)
