“La maquinaria del golpe contra Venezuela está en marcha. Por eso se cierran las puertas del diálogo, se anulan las soluciones políticas, se acentúa el cerco financiero internacional y se sabotea el relanzamiento de la política económica del Gobierno del presidente (Nicolás) Maduro”, señala el presidente de la encuestadora, Óscar Schemel, en un articulo publicado el jueves en la página web Hinterlaces.
Una hipotética intervención internacional como lo que busca la derecha, recalca Schemel, violaría la soberanía del país para asestar un golpe de Estado, lo que desaprueba el 76 por ciento de los ciudadanos.
Asimismo, explica que el 85 % de la población se opone a las protestas violentas y guarimbas que caracterizan al plan golpista de sectores de oposición, alentado por agentes externos.
Schemel advierte de pasos pautados por manuales norteamericanos y ejecutados con precisión contra Venezuela por los sectores golpistas.
El encuestador destaca la importancia del diálogo como vía para dirimir las diferencias políticas y asevera que el 83 % de los venezolanos cree que los sectores de la derecha venezolana que evaden las convocatorias de diálogo del presidente Maduro deben tomar esa cuestión en consideración.
El sondeo coincide con la emisión por la derecha venezolana el jueves, en una sesión de la Asamblea Nacional (AN), de un "comunicado a la comunidad internacional", como parte de su promoción de una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela para propiciar un golpe de Estado contra el Gobierno de Maduro.
Venezuela vive días de gran tensión y subversión por las violentas protestas de los partidarios de la oposición que exigen elecciones presidenciales adelantadas. En estas manifestaciones no hay día en que no se desaten enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, lo que ha provocado incluso víctimas mortales.
El miércoles, el Gobierno venezolano anunció su decisión de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA) por haberse convertido, según explicó la canciller venezolana, en una herramienta para la injerencia en los asuntos internos del país bolivariano. El proceso de denuncia tardará dos años para desincorporarse definitivamente del organismo regional.
