La decisión tomada por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia alcanza al CEO de Clarín, Héctor Magnetto; la dueña del grupo Ernestina Herrera de Noble, y al directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, informaron fuentes judiciales.
En el expediente se investigó si la venta de las acciones de Papel Prensa, de la familia Graiver, a una sociedad mixta integrada por el Estado y los diarios Clarín, La Nación y La Razón tuvo como trasfondo una serie de maniobras extorsivas.
El fallo de la Sala I de la Cámara Federal confirmó uno anterior del juez Julián Ercolini que determinó que la transacción de las acciones de Papel Prensa había sido legítima, decisión que fue apelada por los querellantes de la causa.
El fallo de primera instancia también había sido apelado por el fiscal federal Franco Picardi pero su superior jerárquico, Germán Moldes, desistió sostener el recurso ante la Cámara porque opinó que la investigación estaba agotada.
El financista David Graiver poseía un paquete de acciones clase A de Papel Prensa, que tras su muerte, el caer el helicóptero en el que viajaba en México en 1976, pasaron a manos de su esposa Lidia Papaleo y a Rafael Ianover, ambos querellantes.
Las acciones fueron finalmente vendidas meses más tarde a los diarios Clarín, La Nación y La Razón pero, según denunciaron Papaleo y Ianover muchos años más tarde, la venta se habría producido producto maniobras extorsivas a las que fueron sometidos.
La investigación judicial se orientó a determinar “si la venta de acciones de ‘Papel Prensa S.A.’ ocurrida en 1976 fue una transacción obligada, producto de una coacción previa desplegada contra el grupo vendedor", resumió el juez Ballestero.
Entre los imputados por esa presunta maniobra estaban Magnetto, Mitre y Herrera de Noble, el intermediario Guillermo Gainza Paz y el entonces funcionario Raymundo Pío Podestá, quienes fueron sobreseídos.
En cambio, nunca estuvo imputado ningún dueño o responsable del desaparecido diario La Razón, que era vox populi que desde casi dos décadas antes estaba controlado por la Jefatura II (Inteligencia) del Estado Mayor General del Ejército (EMGE).
"Es cierto que el grupo se vio compelido a desprenderse de las compañías por haber recibido amenazas; pero ni estas estaban dirigidas a lograr la entrega de Papel Prensa, ni fueron los imputados quienes las profirieron", sostuvo Ballestero.
"La historia reconstruida en el expediente ha demostrado que la venta de las empresas –entre ellas Papel Prensa- respondió a la necesidad de obtener liquidez para afrontar las deudas exigidas por la organización Montoneros", agregó.
“Ha quedado demostrado, en lo que aquí interesa, que en el acto en sí de la venta del 2 de noviembre de 1976 no existió ningún componente espurio que nos conduzca a preguntarnos por la cuantía de las sumas involucradas", sostuvo.
En la misma línea, el juez Bruglia afirmó que “no se ha determinado en autos que el precio de la operación hubiera sido desproporcionado (conforme el contenido del estudio pericial)".
"Las circunstancias que estaban presentes en aquel momento y que podían haber influido en las condiciones de venta, no guardan vinculación alguna con las personas comprendidas en la pesquisa”, agregó.
