Al inicio de la jornada la defensa de los acusados, dio a conocer la novedad del fallecimiento de uno de los genocidas juzgados, el ex Capitán Raúl Oscar Otero, quien ya estaba condenado a prisión perpetua en el marco de un genocidio en el anterior juicio a la Armada, ésta iba a ser su segunda condena. A raíz de este fallecimiento, son 31 los imputados que llegan al final del juicio, de los 39 iniciales.
Los alegatos comenzaron con las calificaciones legales para las conductas de los entendiendo que estos crímenes, deben calificarse como genocidio y delitos de lesa humanidad y que los hechos fueron parte de un plan criminal sistemático y generalizado sobre la población.
Para la fiscalía corresponde también la calificación de asociación ilícita ya que el Plan de exterminio fue ordenado desde la comandancia de las FFAA y se instrumento mediante su organización, cumpliendo cada una de las partes un rol especifico en los secuestros, torturas, asesinatos y/o desapariciones forzadas.
Además refirieron las calificaciones de Tormentos, físicos y psíquicos, lesiones, lesiones gravísimas, homicidio agravado, con alevosía, desaparición forzada, violación de domicilio, falsedad ideológica, sustracción de menores, entre otras.
Para los fiscales la sistematicidad y la perpetración colectiva de los hechos criminales, ha quedado en este juicio en plena evidencia mejor que en los juicios anteriores, de cómo funcionaba el aparato represivo en Bahía Blanca con la Armada, el Ejército, con la fuerza policial, y ahora se agregó cómo funcionaba con las policías de Rio Negro, la policía de Neuquén, y el ejército operando en las tres provincias. Todos aportaron al resultado final, de persecución y aniquilamiento.
Los fiscales destacaron que las sentencias en Bahía Blanca, siempre han marcado un camino nuevo, con respecto a las reparaciones simbólicas, como por ejemplo, la nulidad de las sentencias de los consejos de guerra, el pedido de investigación de la participación de los medios de comunicación o el derecho de réplica colectivo.
En esa misma línea, la fiscalía reitera el pedido de replica colectiva respecto del diario La Nueva Provincia. En el mismo sentido pidieron que se encomiende al gobierno de la ciudad de Bahía Blanca, la realización del reconocimiento público del Terrorismo de Estado vivido por la sociedad bahiense, como así también de las historias individuales de cada una de las víctimas.
El último pedido y muy importante, fue que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes y se revoquen las prisiones domiciliarias de los Reos, como así también la baja de las respectivas fuerzas por exoneración.
Pedidos de Penas
Juan Manuel Bayón: Prisión perpetua
Osvaldo Bernardino Páez: Prisión perpetua
Walter Bartolomé Tejada: Prisión perpetua
Osvaldo Lucio Sierra: Prisión perpetua
Julio Guillermo González Chipont: Prisión perpetua
Jorge Horacio Granada: Prisión perpetua
Norberto Eduardo Condal: Prisión perpetua
Carlos Alberto Taffarel: Prisión perpetua
Víctor Raúl Aguirre: Prisión perpetua
Enrique José Del Pino: Prisión perpetua
Jorge Horacio Rojas: 18 Años de Prisión
Miguel Ángel Nilos: 18 Años de Prisión
Miguel Angel Chiesa: 18 Años de Prisión
Carlos Alberto Ferreyra: Prisión perpetua
Pedro Ángel Cáceres: Prisión perpetua
Alberto Magno Nieva: Prisión perpetua
Jorge Enrique Mansueto Swendsen: Prisión perpetua
Raúl Oscar Otero: Prisión perpetua. (Fallecido recientemente)
Alejandro Lawless: Prisión perpetua
Raúl Artemio Domínguez: Prisión perpetua
Arsenio Lavayen: Prisión perpetua
Desiderio Andrés González: Prisión perpetua
Gabriel Cañicul: Prisión perpetua
José María Martínez: Prisión perpetua
Héctor Luis Selaya: 15 Años de Prisión
Andrés Reynaldo Miraglia: 13 Años de Prisión
Pedro Noel: Prisión perpetua
Jesús Salinas: Prisión perpetua
Osvaldo Vicente Floridia: 19 Años de Prisión
Oscar Lorenzo Reinhold: Prisión perpetua
Osvaldo Antonio Laurella Cripa: Prisión perpetua
Antonio Alberto Camarelli: 13 Años de Prisión
